Ministro de Justicia pide indagación interna por la extradición fallida de “El Zarco”

Mientras esto sucede, dentro del propio ministerio de Justicia se realizó una solicitud al Grupo de Control Disciplinario Interno, al mando de la funcionaria Magda Ivonne Moreno, para que se adelanten las pesquisas dentro de una cartera que supo desde el 13 de septiembre de 2019, como lo conoció este diario, tras revisar documentación de la Audiencia Nacional de España, que El Zarco ya podía regresar en un avión a Colombia. Ante las dilaciones, el exguerrillero fue liberado el 28 de diciembre del año pasado.

“En atención a los hechos conocidos públicamente relacionados con el caso del ciudadano colombiano Luis John Castro Ramírez, sobre quien se adelantó un proceso de extradición , y que fue dejado en libertad en España, por la falta de coordinación de las autoridades de ese país y las colombianas, de manera atento me permito solicitarle se adelanten las actuaciones disciplinarias que correspondan, con el propósito de determinar si dentro del proceso, se presentó alguna irregularidad y omisión por parte de los funcionarios del Ministerio de Justicia”, le envió Ruiz Orejuela al Grupo de Control Disciplinario.

De acuerdo con la Audiencia Nacional de España las razones para suspender la extradición de El Zarco, quien fue recapturado en los últimos días en Alicante, con miras a un renovado proceso, se fundamentan en tres hechos clave: la pandemia por COVID-19, las peticiones del mismo exguerrillero y la presunta omisión del Ministerio de Justicia colombiano para sacar adelante el traslado. Por ejemplo, el despacho ibérico anunció a las autoridades colombianas que desde el 31 de octubre de 2019 podrían llevarse a El Zarco. Sin embargo, el exguerrillero pidió asilo y ahí el traslado se suspendió hasta el 22 de enero del 2020, y de nuevo quedó a disposición de Interpol.

A pesar de ello, cuando todo estaba listo para el retorno del reclutador de falsos positivos, la pandemia por COVID-19 asedió a Europa y los vuelos internacionales se suspendieron durante meses. Ahí la Audiencia Nacional de España propuso como fecha definitiva el 8 de mayo de 2020, pero recién hasta el pasado 24 de junio Interpol “se interesó” y ahí se estableció como nuevo término el 29 de octubre, con el agravante de que pasados 15 días El Zarco quedaría libre -como finalmente pasó-. Y no solo eso, el despacho judicial archivó el proceso y ahora el Gobierno colombiano está recurriendo a estrategias ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Dentro de los documentos que están en poder de este diario, la Audiencia Nacional de España, además, explicó que las autoridades de Colombia establecieron como fechas definitivas de extradición, primero, del 9 al 14 de diciembre y, segundo, del 17 al 22 de diciembre, momentos en los cuales ningún funcionario nacional habría llevado el procedimiento a cabo. Sin embargo, Wilson Ruiz Orejuela aseguró que el Ministerio de Justicia ya está pasándole la lupa a la Ley de Extradición Pasiva, de España, y al Acuerdo Bilateral para Entrega de Reos, lo cual avalaría no solo la recaptura de El Zarco sino la puesta en marcha de un nuevo y definitivo proceso de extradición.

De acuerdo con uno de los interrogatorios registrados de alias El Zarco ante la Fiscalía, habría llevado a cabo sus operaciones de reclutamiento en los municipios de Coyaima y el Guamo, y la vereda Potrerito, de Ibagué, en el Tolima. Según el exguerrillero, su actividad comenzó cuando conoció al sargento Rubiel Bustos Escarraga, alias Mauricio, quien le habría dicho que “le colaborara” para llevar a buen término su proceso de desmovilización del Eln. Y esa colaboración se trataba, según la Fiscalía, de la ejecución extrajudicial de seis personas en la finca Los Mangos de la vereda Potrerito de Ibagué, en 2008.

Entre las cifras desatacas por el órgano de justicia transicional se encuentra que mientras en 2001 se registraron 74 víctimas, en el 2002 los números se elevaron a 473, es decir, más de seis veces lo reportado en el periodo anterior. Incluso, quienes entregaron el informe coinciden en que el fenómeno criminal cayó drásticamente en 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 expedientes reportados en 2009. De acuerdo con la JEP, los territorios donde se priorizó la investigación fueron Antioquia, Huila, Casanare, Meta, Región Caribe y Norte de Santander.