Ñeñepolítica: “El más interesado en que esto se esclarezca debe ser el presidente”, dice John J. Cárdenas

En plena emergencia sanitaria por cuenta del coronavirus —que incluso obligó al Congreso a suspender sesiones—, el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, representante John Jairo Cárdenas, de la U, abrió una investigación contra el presidente Iván Duque por el escándalo de la llamada “ñeñepolítica”. El congresista trascendió el mero anuncio y, pese a las restricciones que supone el Covid-19, citó a declarar a partir de la próxima semana a varios personajes para que rindan sus explicaciones sobre la supuesta compra de votos y el ingreso de dineros “bajo la mesa” a favor de la campaña del hoy primer mandatario, como dejaron al descubierto interceptaciones al fallecido empresario investigado por narcotráfico, José Guillermo Ñeñe Hernández.

¿Bajo qué fundamentos decidieron abrir la investigación contra el presidente Duque?

Por denuncias que están soportadas en evidencias, como las interceptaciones al señor (José Guillermo) Hernández. Ya la Fiscalía nos remitió los audios y vamos a empezar el trabajo de escucha.

Se dice que en el audio que desató la “ñeñepolítica”, en el que hablan Hernández y “Caya” Daza, no se refiere a compra de votos…

Tenemos algunas dudas, porque originalmente lo que se informó de la transcripción no parece concordar con lo nuevo que se ha dicho. Por ello, hemos convocado al periodista Gonzalo Guillén, quien es el que, al parecer, originalmente tuvo acceso a las grabaciones.

¿Cómo es la dinámica del proceso?

Hay varias cosas por establecer. Primero, la naturaleza de los vínculos del Ñeñe Hernández con Marquitos Figueroa y con otras actividades delictivas, y luego si concurrió con recursos a la financiación de la campaña del presidente Duque y en qué términos. Hay que hacerlo así porque si se llega a demostrar que una persona tiene vínculos con el narcotráfico y organizaciones ilegales, aportando además a la financiación de una campaña política, se está tipificando un delito de muchísima mayor envergadura que un simple delito electoral. Tiene otro alcance.

¿Por qué llamar a la ministra Alicia Arango?

Ella hacía parte, junto con Luigi Echeverri, del comité financiero de la campaña. Es importante determinar cómo la organizaron financieramente y qué mecanismos tenían para controlar el eventual ingreso de dineros. Vamos a preguntarles por los ingresos de dineros en la región de La Guajira. Todas las personas están convocadas entre el 26 de marzo y el 2 de abril. Esperemos que los efectos del pánico por el coronavirus no nos obliguen a aplazar esas citaciones.

¿Les inquieta que esta eventualidad pueda entorpecer el proceso?

El martes nos reunimos y tomamos la determinación de mantener las fechas para no aplazar ninguna de las citaciones. Si ocurre —como me dicen que puede pasar—, que el Gobierno decrete un toque de queda a nivel nacional y todos debamos permanecer en casa, nos tocará hacer aplazar las cosas. Eso no sería una buena señal para nadie, porque asumo que el más interesado en que esto se esclarezca cuanto antes debe ser el propio presidente Duque. La decisión de nosotros, es avanzar.

¿Tienen pensando vincular a más personas?

Vamos a convocar a la fiscal que tenía el caso y al abogado Miguel Ángel del Río, que defiende a la familia del fallecido Óscar Rodríguez Pomar, crimen por el que estaba investigado Ñeñe Hernández. Al parecer, según manifestaciones dadas a los medios, este abogado tendría cosas que aportar al proceso, pues fue quien pidió que se interceptara al Ñeñe y, como resultado colateral, aparecieron los supuestos vínculos con Marquitos Figueroa, así como los audios con personas del medio político y social que eventualmente podrían comprometer la campaña presidencial.

Avocaremos ante la Procuraduría las denuncias respectivas para que actúe. La obligación de ellos es comparecer como empleados públicos. Los únicos que pueden oponer cierta resistencia y con los que, eventualmente, no podemos hacer nada son los particulares. Si los llamamos y dicen que no van, no podemos actuar. Pero frente a funcionarios públicos, sí.

¿Y en el caso de “Cayita “ Daza, que renunció como asesora de Uribe?

Por transparencia y para proteger la propia imagen del expresidente Uribe, debería ir. Sería un pésimo mensaje que no concurriera y desapareciera. Flaco servicio le presta a la honorabilidad del senador Uribe y al presidente Duque que ella se esconda.

¿Por qué, a diferencia de la investigación por las declaraciones de Aida Merlano, en este caso solo hay dos investigadores?

Yo tomé esa decisión. El presidente de la Comisión tiene esa facultad de evaluar y determinar si es solo una persona, dos o tres. En este caso, hice uso de esa facultad discrecional y solo seremos dos: el representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático, y yo. Lo elegí por ser del partido del presidente. Me parece una señal de garantía de que el proceso va a ser equilibrado y de sindéresis.