Nueva denuncia de presunta corrupción en el Gobierno Petro: ahora el turno es en el sector de Minas y Energía. Exfuncionaria prende el ‘ventilador’

En el sector de Minas y Energía, liderado por el ministro Andrés Camacho, se encienden las alarmas por una denuncia proveniente de una de las entidades más cuestionadas: el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (Ipse).�Desde el inicio del Gobierno Petro, la cantidad de denuncias por posibles irregularidades y corrupción se han multiplicado, con varios reportes que señalan con nombre propio a funcionarios cercanos a Danny Fernando Ramírez, director de la entidad.

Los documentos denuncian contratación a dedo, persecución y acoso laboral. Uno de ellos dice que “se presionan a funcionarios y se les quita de las coordinaciones de trabajo por no acatar las órdenes de amañar contratos y realizar chanchullos”.

Incluso, una de ellas alertó a Andrés Cancimance, congresista del Pacto Histórico que radicó la denuncia ante el Ministerio de Minas y Energía, pidiendo a las autoridades investigar a la entidad.�Pero una nueva alerta sería la confirmación de los primeros reportes que sospechaban de los procesos de contratación del Ipse.

SEMANA�conoció una denuncia de Alba Lucía Calderón Bueno, quien se desempeñaba como subdirectora de Contratos y Seguimiento, sobre presuntas irregularidades en torno a la ejecución de más de 238.000 millones de pesos que le quedan por ejecutar a la entidad en 2024.

La denuncia fue radicada el 9 de agosto de este año con destino a Saúl Alberto Romero Piñeros, de la Oficina de Control Interno del Ipse.�Ella escribió el documento luego de ser declarada insubsistente mediante una resolución con fecha del 6 de agosto.

La exfuncionaria aseveró que va a poner en conocimiento “presuntos actos irregulares sobre los cuales me siento víctima de decisiones arbitrarias y que derivaron consecuencias sobre mi buen nombre”, refiriéndose a su retiro de la entidad. De esa forma, narró el proceso que llevó a que la sacaran de su cargo y que comenzó con una reunión en el Ministerio de Minas y Energía sobre el presupuesto del Instituto.

“Instancia en la cual se hizo un llamado de atención al Ipse por su baja ejecución presupuestal a la fecha, considerando un valor total del presupuesto asignado a la entidad de $282.305 MM y un faltante por ejecutar de $238.767 MM, solicitando la aplicación inmediata de un plan de acción”, manifestó la exfuncionaria.

Este plan de acción, según el documento, los llevó a reunirse ese mismo día. Convocaron a Danny Fernando Ramírez Bastidas, director del Ipse; María José Dangond David, jefe de la oficina jurídica; Luis Felipe Galván Caballero, subdirector de Planificación Energética; Olga Lucía Rivero, secretaria general, y Donaldo Ortiz, asesor de planeación. “En la mencionada reunión, se buscaba la generación de una línea de tiempo de la contratación de los proyectos a implementar con el fin de planear y lograr la ejecución de los recursos asignados para la vigencia 2024″, contó Calderón en el documento.

Ella expuso, como ordenadora del gasto del presupuesto de inversión, adelantar un comité de contratación conforme al manual de gestión de contratación.�Sin embargo, solo le dijeron que hiciera un “estudio previo desde el componente técnico”, sin el cumplimiento de todos los requisitos.

“Era importante elevar a análisis y recomendación de los miembros del comité aspectos como la selección del contratista, toda vez que este había sido seleccionado por la OAJ (Oficina Asesora Jurídica) e informado por correo electrónico, sin que se indicara cuáles habían sido los criterios de selección y que se adelantarían contrataciones directas con la celebración de contratos interadministrativos”, explicó.

Los contratos, de acuerdo con Calderón, se iban a hacer en tres grupos, por un valor total de 63.375.082.979 pesos. El director cedió y convocó el comité de contratación al siguiente día, 6 de agosto de este año, pero nunca se efectuó, tal como narra la exfuncionaria en la denuncia. Ramírez Bastidas la llamó a su oficina ese mismo día diciéndole que definitivamente no se entendían y que Calderón “no trabajaba en equipo”. Ella le respondió que el comité de contratación era necesario para “mayor transparencia de los contratos que se iban a celebrar”.

“Le ratifiqué mis condiciones de trabajo, que habíamos discutido en repetidas ocasiones desde la entrevista que él me realizó previo a mi nombramiento, siendo siempre clara con que en cada una, de mi diligencia y oportunidad en mis actividades laborales, en la absoluta responsabilidad, con la trazabilidad de mis actuaciones y diferenciación de las responsabilidades de cada área, que lleven a la generación de expedientes documentales que permitan evidenciar la transparencia de los actos”, expresó, asegurando que nunca obtuvo respuesta a esto.

Al día siguiente de hacerle la advertencia al director de la entidad, recibió la notificación de la resolución que la declaró insubsistente.�Luego, la secretaria general se comunicó con ella y le expresó que le iban a permitir renunciar, revocando el acto de insubsistencia. Finalmente, el 7 de agosto envió su carta de renuncia motivada, hecho que provocó que se procediera con la resolución que la declaraba insubsistente.

Por esa razón, la exfuncionaria aportó la trazabilidad de acciones en procesos de contratación, frente a los que emitió alertas tempranas por presuntas irregularidades en el Cauca, Albania, en La Guajira, Antioquia, Cesar, Magdalena, Casanare, Vaupés, Vichada y Valle del Cauca. “Como se puede observar, pese a ser la ordenadora del gasto y subdirectora del área responsable de la ejecución, no me permitieron analizar los posibles contratistas administrativos ni me dieron a conocer los criterios de selección objetiva de contratistas aplicados, toda vez que esta actividad estaba siendo desarrollada por las OAJ”, agregó.

Finalmente, denunció que el 8 de agosto, su último día en el cargo, le quitaron las cuentas de las redes internas de la entidad con el fin de que no lograra hacer un backup de sus gestiones. “Solicito se remita a las instancias correspondientes las presuntas irregularidades que se están presentando en el Ipse”, concluyó Calderón en su denuncia, que firma con su nombre y cédula.

Sintraminerales, sindicato del sector de Minas y Energía, también expresó su preocupación por la situación actual de la entidad, que ya cuenta con múltiples alertas de irregularidades en contratación y persecución a funcionarios que denuncian los hechos.

“Están entre los más idóneos para liderar la transición energética, pero se encuentran desorientados por la falta de rigor administrativo y técnico en la ejecución de sus procesos. El riesgo de corrupción es constante e inminente. En especial por las presuntas acciones arbitrarias de la jefe de su oficina jurídica, que ha cooptado el poder administrativo, contractual y del talento humano, pretendiendo influenciar a funcionarios y dependencias abusivamente”, opinó Jimmy Soto, secretario general del sindicato, quien también pidió que los entes de control y el Gobierno nacional investiguen.

SEMANA�consultó al Ipse sobre las acusaciones de la exfuncionaria que asegura haber sido retirada por pedir transparencia en la contratación, pero a la hora de cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.

Posterior a la publicación, el Ipse emitió un comunicado asegurando que se envió la denuncia a los entes de control, con el fin de que se realicen las investigaciones pertinentes. Además, anuncian que se adelantarán acciones legales contra Calderón.

“Desde ahora se anuncia el inicio de las acciones correspondientes en contra de la exfuncionaria del Ipse cuyas falsas denuncias son el resultado de un ejercicio que ha hecho carrera en nuestro país, en donde los servidores que son retirados de las entidades, en un evidente acto de represalia, siembran luego un manto de duda sobre la gestión de la entidad que legítimamente procedió a su desvinculación”, indicó la entidad.