Nuevas actuaciones en el proceso contra Álvaro Uribe en la Corte Suprema

Entre los hechos mencionados están varios pagos de la ONG Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) al testigo Juan Guillermo Monsalve, en prisión por actos vinculados al paramilitarismo, luego de dar una entrevista al senador Iván Cepeda en la que acusaba a Álvaro Uribe de haber sido uno de los fundadores del Bloque Metro de las Autodefensas. Desde entonces, han sido varias las salidas a medios de la defensa del senador asegurando que dichos pagos serían la prueba de la manipulación de testigos realizada por el congresista del Polo Democrático, incluso aseguraron que iban a denunciar dichos pagos hechos por el CSPP.

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Sobre los pagos, hay varios recibos que demostrarían que dicho dinero sí fue entregado a la familia de Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de la finca Guacharacas, Óscar Monsalve, y uno de los supuestos primeros miembros del Bloque Metro. La cifra transferida por la ONG rondaría los $16.5 millones, así lo dejan ver comprobantes de pago. Sin embargo, este tema ya fue evaluado por la Corte Suprema en el proceso en contra de Iván Cepeda, que fue denunciado en su momento por el expresidente Uribe de presunta manipulación de testigos.

Si bien es cierto que se le entregó dineros a la familia de Monsalve -a través de tiquetes aéreos, pagos de hotel y dinero en efectivo para manutención-, dichos pagos no fueron gestionados por el senador Cepeda y tampoco fueron en contraprestación por el testimonio en contra de Uribe, así lo pudo determinar el alto tribunal en el proceso que archivó a favor del congresista del Polo Democrático.

En el auto inhibitorio por las investigaciones en contra de Iván Cepeda, la Corte Suprema confirmó que “la familia Monsalve Pineda recibió apoyo económico del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos”, pero este sustento económico fue entregado debido a que su situación de seguridad se vio afectada después del testimonio entregado por Juan Guillermo Monsalve al congresista.

El alto tribunal encontró que fue Monsalve el que le pidió a su esposa que entrara en contacto con Franklin Castañeda, presidente del comité y quien había acompañado a Cepeda en algunas de sus visitas a los penales del país, para buscar seguridad para su familia, ya que “su abogada Mercedes Arroyave se lo sugirió”.

Óscar Monsalve, padre del recluso y antiguo mayordomo de la finca Guacharacas, confirmó ante la Fiscalía 32 Especializada de Medellín las versiones de Castañeda, en las que señala que el dinero entregado a la familia se debió a las presiones y amenazas después de que en un video declarara en contra de Uribe: “el señor Juan Monsalve escribe preocupado porque al hacerse pública la denuncia él y su familia, comenzaron a ser objeto de presiones y él sufre un primer atentado en la cárcel”.

Entre las acciones en contra de los Monsalve se habría presentado seguimientos y un atentado en contra de Juan Guillermo Monsalve al interior del penal en el que estaba recluido, acción que no quedó registrada porque las cámaras estaban embadurnadas de mantequilla. La Corte también pudo determinar que por la cabeza del exparamilitar se ofrecían $80 millones, por lo que tuvo que ser trasladado a la Picota, en Bogotá.

Según lo testificado ante la Corte por Castañeda, se intentó gestionar con la Oficina de Protección de la Fiscalía para que velaran por la familia Monsalve, pero esta dependencia aseguró que no podían ser acogido en el programa debido a que Juan Guillermo Monsalve no había declarado formalmente.

Por ello, “al ver la lentitud de la Fiscalía, hicimos trámites, nosotros mi oficina, no Iván Cepeda, nosotros el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, hicimos trámite ante fondos alternativos para mirar el tema de sus recursos. Nosotros hicimos además trámites ante embajadas para mirar la posibilidad de salida del país de alguno de ellos”, declaró Castañeda ante la Corte Suprema de Justicia en su momento.

Asimismo, Castañeda reconoció ante el alto tribunal visitas a Sierra y Monsalve (dos de los testigos en contra del expresidente Uribe) por las presuntas amenazas en contra de su integridad. Frente a estas pruebas y testimonios, la Corte concluyó que “la intervención del Comité de Solidaridad y la del doctor Iván Cepeda en relación con el interno Juan Guillermo Monsalve Pineda, estaba fundada en motivos serios y verificados sobre el riesgo que corrían su vida y la de los miembros de su familia”.

También dictaminó que la ayuda económica dada por el Comité de Solidaridad se dio como consecuencia “de los sucesos surgidos a raíz de la situación “afrontada por Juan Guillermo Monsalve y su familia, con ocasión de las declaraciones de Sierra y la entrevista dada por aquél al doctor Iván Cepeda Castro y no en contraprestación a señalamientos falsos sugeridos por el congresista al interno, como se planteó en la denuncia y su posterior ampliación por el doctor Álvaro Uribe Vélez”.

La petición de Cepeda

Las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe y las acciones posteriores a su indagatoria no fueron bien recibidas por el senador Iván Cepeda, que consideró que se estaría violando la reserva del sumario del proceso. En un comunicado, el congresista del Polo Democrático aseguró que las declaraciones, en las que Uribe “habló de múltiples elementos del expediente, de la sesión de indagatoria, y del acervo probatorio”, son una abierta violación de la reserva sumarial y “una desafiante contravención del auto del pasado 20 de septiembre en el que el Magistrado Instructor advertía expresamente a los sujetos procesales sobre esta clase de declaraciones públicas”.

También, Cepeda señaló al abogado Diego Cadena, uno de los testigos del proceso, de cometer las mismas faltas, ya que comentó “de manera pormenorizada numerosos aspectos del expediente, su declaración rendida en el proceso los días 23 y 24 de septiembre de 2019, y las intervenciones de otros declarantes” en una entrevista con la emisora W Radio. Por supuestamente romper la reserva del sumario, el senador Iván Cepeda envió tanto las grabaciones de Uribe como de Cadena para que fueran analizadas por la Corte Suprema.

(Vea: El guiño de Uribe a su abogado Diego Cadena)

Cepeda aprovechó para pedirle a la Fiscalía, investigador natural de Cadena, que procediera tomar copias del expediente en la Corte Suprema en el que sus actuaciones quedaron consignadas y que le impute los cargos de soborno y fraude procesal. Además, pidió una medida de aseguramiento en contra del abogado para evitar “más obstáculos a la justicia” y una posible fuga, ya que este fin de semana salió en medios que el abogado había salido del país con destino a los Estados Unidos.

Por último, anunció que había elevado una queja disciplinaria en contra del embajador en los Estados Unidos, Francisco Santos, ya que a través de un trino declaró que el expresidente comparecía ante “una Corte Suprema de Justicia con cartel de la toga a bordo y con congresistas de las Farc como peces en el agua”. Así como le pidió al presidente Iván Duque que no se pronuncie más sobre el proceso, y menos con mensajes que “pueda ser interpretados como una toma de partido en favor del Senador Uribe Vélez”