Nuevo lío para Alan Jara le formularon cargos por contrato de PAE

Por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de suministro para implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) por $13.123 millones, la Procuraduría formuló pliego de cargos al exgobernador de Meta, Alan Jesús Edmundo Jara Urzola, y a la exsecretaria de Educación del departamento, Ligia del Carmen Saldaña Plazas.

Jara también es investigado por este órgano de control por las polémicas decisiones tomadas por su administración en el proyecto de Llanopetrol, el elefante blanco de la refinería del Meta que le ha costado a ese departamento más de 20.000 millones de pesos en pérdidas.

Además, Jara también está siendo investigado por el Ministerio Público porque, como miembro de la junta directiva del Fondo Ganadero del Meta, habría omitido sus funciones al votar a favor de la liquidación de esa entidad, lo que generó un millonario detrimento patrimonial para el departamento.

Sobre este nuevo caso, por presuntas irregularidades en contratos de alimentación escolar, el órgano de control cuestionó la suscripción del convenio No. 1101 del 8 de julio de 2015, cuyo objeto era el “suministro de complemento alimentario modalidad ración industrializada, dentro de la implementación del Programa de Alimentación Escolar para 66.008 niños, niñas y adolescentes escolarizados del departamento del Meta”.

Según la Procuraduría, los exfuncionarios habrían contratado el suministro de alimentos con un costo muy superior al previsto por el Ministerio de Educación Nacional.

«Los exfuncionarios al parecer desconocieron el principio de responsabilidad al contratar con un costo unitario por ración industrializada de $2.071, no obstante, que en la misma vigencia el Ministerio de Educación Nacional, en la ejecución del contrato de aporte No. 411 de 2015, pagó a $971 la ración industrializada complementaria que se entregó en los mismos municipios”, dijo el ente de control.

Sobre el exgobernador y exdirector de la Unidad para las Víctimas, Alan Jara, la Procuraduría observó que al parecer omitió sus deberes de vigilancia y control de las actividades delegadas a la secretaria de Educación,�«como máxima autoridad de Meta estaba llamado a velar por los intereses de la entidad que dirigía y tenía la obligación de realizar seguimiento a la actividad contractual», dijo el Ministerio Público.

Por su parte, sobre la exsecretaria de Educación, el ente de control encontró que además de celebrar el contrato de suministro, fue la persona que suscribió los estudios previos en los cuales se presupuestó un costo unitario por ración industrializada “muy superior al previsto” por la cartera de Educación, lo que habría generado un mayor gasto para el departamento.

Para la Procuraduría los investigados tenían el deber de proteger los derechos del departamento, «como administradores de recursos del erario se encontraban regidos por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia», dijo la Procuraduría, que calificó provisionalmente la presunta falta como gravísima a título de culpa gravísima.

Además de los procesos que le sigue la Procuraduría, Jara también es investigado por la Fiscalía por presuntas irregularidades relacionadas con la creación y construcción de la refinería Llanopetrol, lo que habría generado un presunto detrimento patrimonial de al menos 22.000.000 millones en el departamento del Meta.