‘Nunca tuvimos alertas del pliego’: Abudinen sobre Centros Poblados

La exfuncionaria, que salió del Ministerio en medio del escándalo por ese caso de posibles irregularidades contractuales, es escuchada en el proceso contra varios exfuncionarios de la cartera de las TIC.

El contrato con Centros Poblados era un negocio por más de un billón de pesos, en el que se perdió un anticipo de 70.000 millones de pesos, cuyo propósito era la conexión de más de 7.000 escuelas rurales a internet. El negocio jurídico fue caducado tras encontrarse que la Unión Temporal Centros Poblados había presentado una garantía bancaria falsa para quedarse con el contrato.

La investigación en la que declarará Abudinen es contra Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general MinTIC; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual MinTIC; Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura MinTIC; Luis Fernando Duque Torres, representante legal UT Centros Poblados 2020; y Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio ‘PE 2020 C Digitales’, que ejerce la interventoría del contrato en mención.

Hay que recordar que la misma Abudinen también es investigada por el órgano de control, que en septiembre del año pasado le abrió el proceso formal y ordenó la práctica de pruebas como una inspección al expediente que adelanta la Procuraduría por el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Fondo único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Centros Poblados.

‘A nosotros como funcionarios públicos nos engañaron’: Exministra

En su declaración, la exfuncionara afirmó: «nunca durante el proceso tuvimos alerta sobre condiciones del pliego», sino que, dijo, solo comenzaron a tener alertas al momento de la adjudicación del mismo.

«Nunca ningún funcionario del Ministerio, ni mi secretaria, ni mi directora de contratación, me dio ninguna alerta frente a los habilitados. Nunca después de que quedaron habilitados ninguno de los otros operadores, ni ningún ciudadano mandó ninguna carta de alguna alerta de alguno de los habilitados para la adjudicación del proceso», indicó Abudinen.

Del mismo modo, la exministra manifestó que cuando supieron que la garantía bancaria que presentó Centros Poblados no fue expedida por el banco, actuaron de manera inmediata, «no esperamos para tomar la decisión de denunciar y abrir un proceso de posible caducidad en ese momento porque no cumplían con un requisito».

«A nosotros como funcionarios públicos nos engañaron», expuso Abudinen, quien criticó que los contratistas hubieran dicho que no sabían de la garantía bancaria falsa.

Respondiendo a varias preguntas del procurador del caso sobre cómo conocía a varios de los procesados, la exfuncionaria manifestó:  «Aparte de que me siento engañada, yo creo que a mis funcionarios también los engañaron. Hoy que estoy más reposada, le quiero decir que nos sentimos engañados, a nosotros nos engañaron, aquí hay una fábrica de corrupción, estas empresas deberían quedar por fuera de por vida».

De otra parte, al responder a preguntas formuladas por los abogados de varios de los procesados, Abudinen indicó que nunca se le abrió el proceso a una empresa en particular y que no podían saber que, tras la publicación del proceso en el Secop, varias empresas se iban a unir en una unión temporal que cumplía las condiciones pero que engañó al Ministerio.

Sobre cómo se dieron cuenta del engaño, la exministra declaró que las personas responsables del engaño «son tan expertos en eso que era imposible que los funcionarios públicos nos diéramos cuenta», y que solo supieron de esto tras la adjudicación del contrato y que el banco salió a decir que ellos no habían expedido la garantía bancaria que había presentado la unión temporal.