En la conversación completa, divulgada en la página web de este diario, Pizano le deja saber a Mariño que no confía en el portugués Éder Ferracuti, representante legal de la Concesionaria Ruta del Sol. En julio del año pasado, cuando la Fiscalía anunció que los sobornos pagados por Odebrecht�en Colombia superaban los $84.000 millones, anunció que le imputaría a Ferracuti�los cargos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos “por su (presunta) participación en este elaborado esquema de pagos”.

En la misma charla queda en evidencia también que tanto Pizano como Mariño desconfiaban de un hombre clave para los brasileños: Marcio Marangoni, empleado del Consorcio Constructor Ruta del Sol�(Consol), empresa que creó la concesionaria para ejecutar las obras de la Ruta del Sol sector 2. “En esa discusión yo no salté a la yugular de Marangoni, que es el peor (…) es un mercenario”, expresó Pizano. “Ese Marcio es un hijueputa”, le contestó Mariño. Marangoni, como Ferracuti, también tiene orden de captura en su contra y también salió del país antes de responder ante la justicia.

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Ante Mariño, Jorge Enrique Pizano confirma que venía hablando con Martínez. “El 27 de julio me ponen un correo, que me está buscando urgentemente Néstor Humberto�(…) El 4 de agosto llegué acá y me reuní con Néstor Humberto. Me dijo: cuénteme. Y le conté cómo habían sido las cosas y le entregué una información de los contratos espejos de 2013, los de 2012. Pero me dijo: ‘La instrucción del doctor (inaudible) es que usted mute y quieto’”. Más adelante, Pizano le cuenta a Mariño que fue personalmente hasta la sede de una de las empresas de las que sospechaba. “Después me regañó Néstor Humberto�porque hice eso”.

La conversación, además, viene con una revelación: Pizano tenía indicios de que el excongresista Otto Bula lo estaba siguiendo. Su escolta le informó que un carro había estado tras de ellos y le entregó el número de la placa. Al revisar en el sistema de información de tránsito, figuraba a nombre de Otto Bula, “se reúne con Éder (Ferracuti) en las cafeterías ahí de abajo de la concesionaria”. Pizano relató, con base en lo que le indicó su conductor, que el carro los había seguido por la avenida Circunvalar y en camino hacia la Fundación Santa Fe.

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Alberto Mariño, por su parte, le deja saber a Pizano que él también ha tenido momentos difíciles con Odebrecht: “Yo sí puse el grito en el cielo y dije: ‘Miren, perdónenme —porque es que lo presentaron dentro de los papeles de la junta—, esto lo tiene que aprobar la junta previamente. Entonces yo sí quiero que sepan: yo no estoy de acuerdo con esto’. Y yo armé un mierdero, yo llamé a José Elías (Melo, entonces presidente de Corficolombiana) y José Elías�le puso un mail a (Eleuberto) Martorelli(expresidente de Odebrecht en Colombia)”, dijo Mariño en referencia a unos honorarios aprobados con anomalías. Los de Odebrecht “tienen una cultura mafiosa”, le comentó Mariño a Pizano.

El tema Vargas

A lo largo de la conversación, Pizano menciona algo más: que Odebrecht ganó un pleito gracias a la ayuda de un magistrado de la Corte Constitucional. “Si le contara, es que todo se sabe en la viña del Señor. El tema de por qué ganaron el proyecto de La Miel fue porque le regalaron siete hectáreas en Subachoque�a Luis Eduardo… a Vargas, el magistrado (…) El proyecto de la vía que estaba reclamando Odebrecht, La Miel 2, La Miel 3, que estaba en la Corte Constitucional”, manifestó Pizano. “¿El de La Miel ahorita? ¿Cuándo, cuándo fue eso?”, indagó Mariño. “Hace poco”, aseguró Pizano.

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El Espectador revisó el archivo de la Corte y encontró solo un fallo que se ajustaría a la descripción de Pizano: una sentencia de agosto 6 de 2015 en la que el ponente fue Luis Guillermo Guerrero, que surgió a raíz de una tutela que Isagén presentó contra una decisión del Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio Internacional, confirmada por el Consejo de Estado. Ambas instancias determinaron que Isagén debía pagar al Consorcio Miel —integrado por la constructora Odebrecht y cuatro compañías extranjeras más—, que tenía a su cargo desde 1995 el desarrollo hidroeléctrico del río La Miel, en Caldas.

En esa sentencia, las decisiones del Tribunal de Arbitramiento y del Consejo de Estado�quedan intactas: Isagén debe pagar al consorcio La Miel unas indemnizaciones por más de $50.000 millones. En la decisión, sin embargo, no figura el magistrado Vargas Silva. Entre junio y julio, por enfermedad, su cargo lo ocupaba la magistrada encargada Myriam Ávila. Asimismo, este diario revisó los bienes registrados a nombre de Vargas y no aparece ningún lote en Subachoque. “Jamás he tenido, ni tengo una hectárea de tierra en parte alguna de la geografía colombiana”, contestó el exmagistrado a este diario.

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Vargas Silva dejó la Corte Constitucional en 2017, cuando se acabó su período de ocho años, y ahora es relator para los derechos de migrantes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Para nada recuerdo una tutela de las características de la que allí se menciona. Les ruego el favor de verificar en las tutelas que conocí como magistrado ponente en la Corte a ver si hay coincidencia o no con el supuesto dato”, afirmó, agregando que no había conocido a Jorge Enrique Pizano. “Mi vida sí que es un libro abierto y si algo tengo para defender es mi honra, aunque hayan tratado de mancillarla varias veces por haber tocado poderosos intereses y a poderosos señores del país”.