Odebrecht y la conexión con la Argentina

Odebrecht y la conexión con la Argentina

Fuente: INVERSOR GLOBAL (Ver Noticia Original)

a megaobra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento es el principal contrato que Odebrecht tiene en el país y que el Gobierno podría darlo de baja, por el gran escándalo de corrupción en el que está involucrada la firma brasileña.

La causa conocida en Brasil como “Lava Jato” investiga por pago de coimas y sobornos a las constructoras Odebrecht, Camargo Correa, Techint, OAS y Contretas. El puntapié inicial de esta pesquisa la dieron ex directivos de Odebrecht que declararon ante la justicia de Brasil a cambio de impunidad. Aseguraron que pagaron sobornos en al menos 9 países de América Latina por más de 788 millones de dólares. En Argentina, además del soterramiento del Sarmiento se investigan la construcción de dos plantas potabilizadoras, una en Tigre y otra en Berazategui.

Marcelo Odebrecht, exdirector general de la compañía que lleva su nombre, dijo ante la Justicia de Brasil que pagó coimas millonarias para acceder al proyecto, sobornos que llegarían a los U$S 20 millones, según documentos del “Lava Jato” revelados por La Nación. El empresario es un delator premiado, es decir que accedió a aportar información sobre las irregularidades a cambio de mejorar su situación judicial.

Así, el ejecutivo habló sobre la sigla “DGI” que aparece en una gran cantidad de documentos internos de la constructora, que no tenían vinculación con la Dirección General Impositiva, sino que eran una referencia para esconder los pagos de sobornos. “DGI” significaba “compromisos políticos”, “favores”, o “pagos a agentes públicos”, entre otros, y que representaban costos que se incluían y aumentaban los montos finales de los contratos.

El empresario no dio nombres de los receptores de las coimas y declaró que “delegaba mucho” cuando había operaciones en el exterior. Aunque no habló de montos, otros empresarios que también entraron al régimen de “arrepentidos” hablaron de sobornos por U$S 20 millones para quedarse con la megaobra, en pleno kirchnerismo.

El exdirector de la empresa está condenado a 19 años y 4 meses de prisión por la justicia de Brasil y declaró que en la Argentina las empresas estaban obligadas a tener “socios locales” y a contratar lobbistas que allanaban el camino para cualquier pedido. En otros proyectos recurrió a la constructora Esuco, de Carlos Wagner, y a BTU, de Carlos Mundin. Además contrató los servicios de Jorge “Corcho” Rodríguez, señalado como “valijero” de la firma. El empresario rechazó esta versión pero admitió que trabajó para esta firma.