Orden de captura contra Carlos Mattos quedó vigente por un año más

A Carlos Mattos Barrero, un millonario empresario colombiano que durante un cuarto de siglo engrosó su riqueza al ser el único representante comercial de Hyundai en el país, la justicia colombiana lo sigue requiriendo. Este miércoles 6 de mayo, en una audiencia virtual y reservada, el Juzgado 28 Penal Municipal de Garantías determinó prorrogar por otro año la orden de captura en su contra que, el 8 de mayo del año pasado, determinó otro juez de la República. «La medida de aseguramiento impuesta en esta actuación procesal se encuentra vigente, está próxima a su vencimiento y hasta la fecha no se ha logrado el fin perseguido con la misma», señaló el juez 28. (Fiscalía ya tiene lista acusación contra el empresario Carlos Mattos)

Mattos Barrero lleva ya algunos años radicado en España. Se fue alegando falta de garantías en el proceso que se abrió en su contra, luego de que la Fiscalía desmantelara toda una red de corrupción en de la Rama Judicial de la cual, sostiene el ente investigativo, se valió el empresario para conseguir que un proceso suyo, en el que tenía un profundo interés, cayera en manos específicamente del despacho del juez Reinaldo Huertas. Se trataba de unas medidas cautelares que pidió Mattos Barrero en medio de su «divorcio» con Hyundai, las cuales le concedió Huertas. Así, Mattos Barrero consiguió temporalmente que nadie, sino él, comercializara a Hyundai en el país a pesar de que la multinacional surcoreana ya había roto vínculos comerciales con la empresa de Mattos.

Con base en los testimonios de varios exfuncionarios judiciales que ya han aceptado cargos y de Luis David Acuña Durán, exabogado de Mattos, la Fiscalía ha construido el expediente contra este empresario, señalándolo como responsable de una feria de sobornos que se pagaron para corromper a la justicia en medio de la pelea comercial con Hyundai. En abril de 2019, Acuña Durán, quien fue hombre de entera confianza de Mattos, recuperó su libertad, luego de que una jueza diera luz verde al preacuerdo que este pactó con la Fiscalía. » La embarré, señora juez, mi error fue ese, haber estado parado donde no debía y estar al lado de quien no debía estar parado».

Acuña Durán admitió haber entregado sobornos a funcionarios judiciales en nombre de Mattos Barrero, cosa que el empresario ha negado rotundamente. Por esa vía, aceptó los delitos que le imputó la Fiscalía: acceso abusivo a sistema informático agravado, daño informático agravado y utilización ilícita de equipos transmisores y receptoras. El ente investigador pidió una condena en su contra de 48 meses de prisión (cuatro años), y Acuña Durán se comprometió también a ser testigo de cargos en contra de Mattos en este abultado proceso. «Cometí un error y que la única manera de enmendarlo es colaborar activamente como me comprometí ante la Fiscalía General», le dijo a la jueza que lo dejó en libertad el año pasado.

Por cuenta de este proceso, la Fiscalía ha procesado también a Edwin Fabían Macías, auxiliar del juzgado donde se radicó a demanda de Mattos que originó todo este lío y quien llegó a preacuerdo con el organismo investigativo aceptando cargos. Según el ente investigador, Durán Acuña a le dio dinero a Macías Castañeda para comprar un portátil con el cual ingresar al sistema de repartos, con la ayuda de una terminal, y así lograr que la demanda de Mattos llegara al juzgado de Reinaldo Huertas. Este, por su parte, también ha negado rotundamente el esquema de sobornos que otros -inclusive subordinados suyos- han aceptado y, tras estar detenido, quedó libre por vencimiento de términos en septiembre pasado y sigue administrando justicia.

Otro abogado de Mattos que terminó implicado en este proceso judicial fue Alex Vernot. Según Acuña Durán, Vernot lo visitó en la cárcelÂy le ofreció US$2 millones a cambio de su silencio, lo cual Vernot ha rechazado hasta la saciedad. Vernot, llamado a juicio por ese episodio, denunció al Néstor Humberto Martínez ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, argumentando que él se tardó casi dos años en declararse impedido para conocer las actuaciones del caso Hyuindai a pesar de haber sido abogado de Carlos Mattos. De hecho, fue Martínez quien presentó un recurso judicial ante la jueza Ligia del Carmen Hernández, quien admitió después que, tras fallar de modo favorable para Mattos, él le envió cajas de zapatos con $200 millones y ella los recibió.

Por el episodio de la jueza Hernández, Mattos también fue llamado a juicio, lo que quiere decir que tiene dos procesos andando en su contra. Durante el periodo de Martínez como fiscal general se instruyó todo el caso Hyundai, lo que llevó a Vernot a protestar también ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU. El pasado 6 de septiembre, esa organización le dio la razón: declaró la detención de Vernot arbitraria, recomendó su libertad inmediata y cuestionó el papel de Néstor Humberto Martínez a lo largo de la investigación del caso Hyundai. Esta nació a finales de 2017, cuando Martínez completaba un año como fiscal general.

«El Grupo de Trabajo constató que el Fiscal General no estuvo inhibido desde su toma de posesión, el 1 de agosto de 2016, hasta el 21 de junio de 2018, periodo en el que la institución a su cargo llevó las investigaciones y procesos, determinó el criterio y la posición de la Fiscalía en la investigación en curso», dijo el Grupo de la ONU entonces. «Desde enero de 2018 la Fiscalía General imputó penalmente a un grupo de individuos por delitos relacionados a la manipulación en la distribución y asignación de los expedientes en el procedimiento judicial de competencia de la compañía automotriz», agregó la entidad.

Mientras todas estas discusiones judiciales avanzan, Carlos Mattos continúa en España. Desde allá dijo que era víctima de extorsiones y señala a Néstor Humberto, su antiguo abogado, como el culpable de la «persecución judicial» en su contra. La Fiscalía logró que se tramitada un pedido de extradición contra Mattos, pero este, con una tutela, consiguió frenarlo en octubre del año pasado, pues la Audiencia Nacional ya había dado el sí a la solicitud. En su recurso, Mattos alegó vulneración de sus derechos, razón por la cual el Tribunal Constitucional de España detuvo el trámite, al que solo le faltaba el visto bueno del Consejo de Ministros. Con la pandemia del COVID-19 expandiéndose por el mundo, e hiriendo de muerte a España en particular, este tema quedó engavetado al menos por un rato.