Pacientes con VIH en Córdoba crecieron un 125 por ciento en dos años
Pacientes con VIH en Córdoba crecieron un 125 por ciento en dos años
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
Procuraduría se tomará este jueves la Gobernación para recaudar pruebas.
La Caja de Compensación Familar de Córdoba (Comfacor) –mencionada el martes por la Procuraduría General en medio de las denuncias por el denominado ‘cartel de enfermos de VIH’– en ese departamento se defendió este miércoles de las acusaciones y aseguró que, en su momento, había advertido sobre las irregularidades por el crecimiento de pacientes.
El director de Comfacor, Néstor Murcia Bello, afirmó que en los últimos dos años, el número de pacientes con VIH que hacían parte de las bases de datos de las IPS crecieron de forma alarmante.
Así, la caja pasó de tener 622 pacientes a 1.400, con un incremento del 125 por ciento en los enfermos de sida, lo que llamó la atención de esa institución por tratarse de un crecimiento desproporcionado, teniendo en cuenta los indicadores nacionales de VIH.
Según dijo la caja de compensación, con esas estadísticas, sus investigaciones encontraron graves situaciones con algunos prestadores. Por ejemplo, se evidenció “la desactualización de datos de las historias clínicas, que al momento de realizar la auditoría no correspondían a esos pacientes o simplemente no existían; no había un cumplimiento total y no seguían lineamientos de las guías de manejo del Ministerio de Salud”, indicó la entidad.
Murcia también explicó que no solo se investigan pacientes falsos, pues también pudo haber sobrecostos, ya que algunas IPS que cobraban hasta un millón y medio de pesos por cada paciente atendido, después de una renegociación con la caja de compensación, bajaron el costo a 500.000 pesos. “No entendemos cómo hoy, brindando la misma atención, cobren la tercera parte de lo que inicialmente se contrató”, dijo.
Según Comfacor, al detectar esas irregularidades, la entidad cambió a las IPS que había contratado para prestar el servicio: “Con el fin de enfrentar la problemática del manejo de las patologías de alto costo, como el VIH/sida, los cambios realizados en esta red de prestadores de salud se hicieron teniendo en cuenta los hallazgos identificados de la auditoría forense”, dijo.
A los sobrecostos se suman las quejas de pacientes por la demora en entregas de retrovirales, exámenes y otros tratamientos médicos.
Para avanzar en esa investigación, un equipo élite la Procuraduría General intervendrá este jueves a la Gobernación de Córdoba con el fin de revisar cada contrato. El martes, la Procuraduría afirmó que se habrían desviado 500 millones de pesos al mes para atender supuestamente a 800 enfermos de sida, casos en los que se encontraron pacientes falsos.
El Ministerio Público no solo investigará los documentos y soportes que tenga la administración del suspendido gobernador Edwin Besaile –separado tres meses del cargo por haber autorizado pagos a una IPS mencionada en el ‘cartel de la hemofilia’–, sino que también rastreará posibles pagos fraudulentos en el periodo del exgobernador Alejandro Lyons. Los delegados del Ministerio Público revisarán este jueves la lista de IPS que han prestado tratamientos a enfermos de VIH en Córdoba en los últimos cinco años, al igual que si hubo alguna actuación irregular por parte de Comfacor.
Este miércoles, el suspendido gobernador Edwin Besaile aseguró que las declaraciones del procurador general, Fernando Carrillo, sobre el supuesto ‘cartel del VIH’ son “imprecisas e infundadas”. Según Besaile, esas afirmaciones reflejan “la animadversión del Ministerio Público contra mi persona”.
Agregó que desde enero del 2016 “no se ha efectuado, desde la Gobernación de Córdoba, un solo pago por concepto de prestación de servicios a pacientes que padecen VIH”, y que este jueves entregará un informe sobre el tema.
Imputación a ficha de exgobernador
La Fiscalía le imputará este jueves cargos al empresario Sami Spath Storino, considerado uno de los hombres más cercanos al cuestionado exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y quien habría servido de enlace entre funcionarios y contratistas del departamento en la desviación de recursos públicos.
De acuerdo con las evidencias de la Fiscalía, entre 2012 y 2015, el empresario habría movido plata en efectivo proveniente del pago de sobornos que tenían como destino al exgobernador Lyons y otras personas involucradas en el saqueo al departamento.
El ente acusador le imputará los cargos de peculado por favorecimiento de terceros y concierto para delinquir.
