Parlamento boliviano vincula al expresidente Carlos Mesa con el caso Lava Jato

Una comisión parlamentaria encargada de indagar las ramificaciones en Bolivia de la red de corrupción de constructoras brasileñas Lava Jato involucró en la trama al expresidente Carlos Mesa y a otros siete exfuncionarios de alto nivel, y pidió que la fiscalía se haga cargo de investigarlos. Mesa consideró sus conclusiones “escandalosas” y acusó al oficialismo de intentar “demolerlo” por razones políticas. Mesa es el candidato mejor situado en las encuestas para enfrentar al presidente Evo Morales en las elecciones del próximo año.

La investigación parlamentaria comenzó en abril pasado, después de que se difundieran las referencias a Bolivia de un informe de la policía brasileña sobre su primera operación en contra de la corrupción de las constructoras, llamada Castillo de arena. En 2009, un soplo anónimo llevó a la Policía a allanar la casa de Pietro Giavina Bianchi, exdirector del Grupo Camargo Correa, y hacerse de una memoria USB con información sobre sobornos a políticos extranjeros.

La policía brasileña indica que entre 2005 y 2008 Camargo Correa entregó hasta 51 pagos a tres bolivianos identificados como “C. Morales”, “C.M.” y “G.G.” por un total de 4,3 millones de dólares, que se presume fueron sobornos que debía la constructora a quienes le adjudicaron la carretera Roboré-El Carmen. Esta adjudicación se realizó entre 2004 y 2005, cuando Carlos Mesa era presidente.

El político ha negado que el “C.M.” de los documentos de Giavina Bianchi haga referencia a él y ha sugerido que podría tratarse del mismo “C. Morales” que figura en los documentos, presumiblemente un exministro del Gobierno inmediatamente anterior al suyo y responsable de la primera negociación para la construcción en Bolivia de carreteras financiadas con préstamos del PROEX-Banco de Brasil con la obligación de que las ejecutasen firmas brasileñas. La comisión parlamentaria cree, en cambio, que el “C.M.” del informe policial es una persona diferente de “C. Morales”, pero no ha podido determinar fehacientemente quién es. Los indicios apuntan a que “C.M.”, quienquiera que sea, se llevó una parte mollar de los sobornos: 3,7 millones de dólares.

Según explicó a este diario la presidenta de la comisión, Susana Rivero (MAS), es que la adjudicación se habría realizado con el mismo modus operandi que confesó Marcelo Odebrecht, dueño de la empresa homónima, en su juicio por corrupción. Odebrecht dijo que los sobornos permitían que su empresa obtuviera de los altos cargos gubernamentales decretos del más alto nivel que allanaban las dificultades técnicas o financieras de los proyectos. En el caso investigado, Mesa emitió un conjunto de decretos que sirvieron para dividir la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez en dos tramos que se repartieron Camargo Correa y Odebrecht, que superaron algunas objeciones del Servicio de Caminos y que, según Rivero, aseguraron que las contratistas no perdieran sus contratos ulteriormente. Mesa explicó que esta forma de contratación obedeció a necesidades contingentes de ese momento y remarcó que las carreteras de Camargo Correa y Odebrecht no se construyeron durante su mandato, pues no pudo cerrar su financiamiento.

El Gobierno posterior al de Mesa fue presidido por Eduardo Rodríguez Veltzé, quien consiguió un préstamo la Corporación Andina de Fomento (CAF) para cerrar el financiamiento de las carreteras, que se adjudicaron una vez más a las contratistas iniciales. Varios correos secuestrados a Marcos de Moura Wanderley, antiguo ejecutivo de Camargo Correa en Perú y presuntamente el encargado de los pagos ilegales en el extranjero, hablan de la entrega de “capilés” (sobornos) a funcionarios del gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé. Este ha negado tener conocimiento de los mismos y ha pedido que se investigue a quien haga falta.

Rivero asegura que algunas de las 179 personas que tomó en cuenta en su investigación fueron funcionarios de las administraciones de Rodríguez e incluso de la del hoy presidente, Evo Morales, pero que ninguna le pareció un claro sospechoso. La oposición cree que la investigación se enfocó en Mesa y procuró proteger a Rodríguez, aliado de Morales, y al propio Morales. En 2005, Rodríguez renegoció el precio de las carreteras de Camargo Correa y Odebrecht, después de que la CAF solicitara una rebaja de 42,5 millones de dólares que aceptaron las compañías. Para Rivero esta concesión indica que había sobreprecio en la contratación de Mesa. Por su parte, este último apostilla que las especificaciones técnicas requeridas para las carreteras eran diferentes en uno y otro momento.

Rivero también considera sospechoso que entre 2003 y 2009 el expresidente viajara al Perú 16 veces, y que en todas las visitas también estuviera en Lima el ejecutivo de Camargo Correa De Moura Wanderley, que vivía en la capital peruana, pero viajaba constantemente. Lo mismo sucede con los demás sospechosos, todos ellos asiduos en Lima en el periodo en el que se llevaron a cabo los sobornos. Mesa ha indicado que esos viajes tienen explicaciones diversas y propias de su alto perfil público.

Finalmente, la comisión estableció que los ocho supuestos involucrados tienen una cantidad inusual de cuentas bancarias (Mesa tiene 16) y observó varios movimientos sospechosos en las mismas. Sin embargo, ninguna de estas transacciones tiene es de un volumen superior a las centenas de miles de dólares, por lo que no permiten explicar exhaustivamente unos supuestos sobornos por 4,3 millones.