Poderoso de fedemunicipios a responder por uso indebido de multas
Poderoso de fedemunicipios a responder por uso indebido de multas
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
Procuraduría abrió investigación a Gilberto Toro por presunto manejo irregular de $27.176 millones. Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, pensó que ya había conjurado la investigación que se le seguía por el presunto uso irregular de recursos provenientes de las multas y comparendos que la entidad a la que representa hace 23 años recaudó en varios municipios.
Hace unos meses, el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió de los delitos de usurpación de funciones y hurto agravado, por supuestamente haber firmado convenios para quedarse con el 10 por ciento del recaudo del Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por Infracción de Tránsito (Simit) en algunos municipios.
Pero la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público acaba de encontrar argumentos suficientes para abrirle investigación disciplinaria formal por el manejo de parte de esos dineros.
Así se lo acaba de notificar a su apoderado, en un auto firmado hace cinco días en el que además se ordena la recolección de varias pruebas.
La decisión de la Procuraduría se basa en el fallo del Juzgado 19 Administrativo del Circuito de Bogotá que, el 11 de enero de 2018, le ordenó a Fedemunicipios devolver 27.176 millones de pesos por la administración del Simit. Ese dinero hace parte de los excedentes y rendimientos que resultaron de los recaudos de multas y comparendos que se realizaron en el periodo comprendido entre el año 2002 y el 31 de julio de 2014.
Denuncias como la de la Alcaldía Mayor de Bogotá señalan que la federación viene utilizando parte del recaudo de multas por infracciones –cometidas en la misma ciudad en que está matriculado el vehículo infractor– para su propio sostenimiento, mas no así para la administración del sistema, como debería ser.
‘Toro sí es disciplinable’
Según las cuentas de los investigadores, la Federación se habría quedado con 1.230 millones de pesos por rendimientos y 25.945 millones por los excedentes.
Y para la Procuraduría no hay duda de que Toro está bajo su órbita disciplinable.
De hecho, la apertura de investigación se sustenta en una sentencia del Consejo de Estado según la cual la Federación de Municipios tiene el deber constitucional y legal de sujetarse al régimen propio de las entidades de derecho público, en lo que a la administración del Simit se refiere.
Además, la ley prevé que cuando se trate de evaluar la conducta de personas jurídicas, la responsabilidad disciplinaria será exigible a su representante legal, en este caso Gilberto Toro.
De hecho, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial ya realizó una inspección a las instalaciones de la federación e incluso ordenó escuchar en declaración a la secretaria jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Dalila Astrid Hernández, cuyo despacho remitió información y documentos relacionados con la reclamación que le está haciendo a Fedemunicipios.
“La Fiscalía también envió una comunicación, el 14 de febrero de 2018, informando que, según sus bases de datos, hay un proceso que se adelanta contra Gilberto Toro en calidad de indiciado por el delito de abuso de función pública, que cursa en la Fiscalía 201 de Bogotá”, se lee en el expediente.
Municipios y evidencia
Además de designar un perito contable para que evalúe los gastos, costos y erogaciones cubiertos con los dineros provenientes del recaudo de multas y sanciones, se ordenó adelantar varias diligencias para el recaudo de nueva evidencia.
Según lo estableció EL TIEMPO, se pidieron los contratos de concesión suscritos entre la federación y las empresas Seguridad Vial (Sevial S. A.), Simit de Occidente S. A., Servicios Virtuales Ltda. y Recaudos Modernos S. A.
Además, los contratos interadministrativos firmados con los municipios de Ocaña (Norte de Santander), Sabaneta (Antioquia), Sahagún (Córdoba) y Quimbaya (Quindío).
También se pidió que un grupo de expertos ejecute una auditoría forense a los libros y papeles contables de la federación.
“El propósito es que el perito contador determine de manera técnica qué tipo de gastos, costos o erogaciones fueron cubiertos con los dineros provenientes del pago de las multas y sanciones (…) cómo fueron administrados, en dónde fueron depositados y si se han presentado pérdidas de dichos dineros”, se lee en el auto de apertura de investigación formal contra Toro.
Y advierte que si en el recaudo de las evidencias se requiere orden jurisdiccional y de policía, se tramitarán ante el despacho del propio procurador general, Fernando Carrillo.
EL TIEMPO buscó la reacción de Jesús Albeiro Yepes, apoderado de Toro en este caso, pero en la noche de este martes no había respondido los mensajes.
