Policía y su pareja fueron condenados a 29 años por lavado de activos: tenían una maleta con USD 590 mil
Policía y su pareja fueron condenados a 29 años por lavado de activos: tenían una maleta con USD 590 mil
Fuente: VECUAVISA (Ver Noticia Original)
Una policía y su pareja, señalado como integrante del GDO Fatales, recibieron condenas de 29 años y cuatro meses. USD 592 mil en efectivo apareció en una maleta escondida en el clóset, dentro de una casa en Daule.
El Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado declaró culpables a Yomaira Alexandra C. P., una policía, y a su pareja, Hernán David P. S., del delito de lavado de activos. A cada uno se les impuso una pena de 29 años y cuatro meses de prisión.
El caso arrancó el 15 de agosto de 2025, durante el estado de excepción, cuando agentes de la Policía Nacional allanaron una vivienda en la urbanización Santa María de Casagrande, en el cantón Daule, provincia del Guayas. Dentro del dormitorio principal, en un clóset de uso exclusivo del conviviente de la agente, encontraron una maleta con USD 589 630 en efectivo y USD 2 461 adicionales sobre una repisa, para un total de USD 592 091. En el mismo inmueble hallaron tres vehículos y una motocicleta.
La policía y el dinero que no cuadraba
La agente llevaba 11 años, 11 meses y 26 días de servicio ininterrumpido en la institución al momento de su detención. Sus remuneraciones como servidora pública, entre septiembre de 2013 y agosto de 2025, oscilaron entre USD 1 023 y USD 1 363 mensuales.
La Fiscalía demostró, con informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de entidades del sistema financiero, que la uniformada registraba movimientos financieros por USD 197 935 entre 2020 y 2025, cifra que no guardaba ninguna coherencia con ese salario.
Su defensa sostuvo que el dinero de la maleta no le pertenecía, que el clóset donde fue hallado era de uso exclusivo de su conviviente y que ella estaba dormida con su hija recién nacida cuando él llegó esa madrugada. El propio conviviente, en versión libre, declaró: «Llegué el lunes a la madrugada, mi esposa estaba dormida con mi hija recién nacida. Ingresé al clóset, dejé la maleta y no la desperté. Ella no sabía de su existencia». El tribunal no acogió esa tesis.
El perfil del conviviente
Hernán David P. S. tenía registrado en el SRI como actividad la cría y reproducción de ganado bovino y la venta de cereales. Sin embargo, la investigación reveló que sus principales proveedores no guardaban relación alguna con esas actividades: entre ellos figuraban una empresa de materiales de construcción y una distribuidora deportiva.
La transmisión televisiva en la que se descubrió este caso
La Fiscalía presentó un peritaje que determinó que las firmas del procesado en los contratos de inversión que pretendían justificar el dinero no correspondían con sus firmas. La Policía Nacional, por su parte, lo identificó como perteneciente al grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Fatales. En los registros del Centro de Privación de Libertad Guayas 1, a donde ingresó el 18 de agosto de 2025, él mismo se autoidentificó como integrante de ese grupo. Registra además una detención previa en 2015 por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
La vivienda de al lado y los otros procesados
Inmediatamente después del allanamiento de la villa 46, la Policía ingresó a la villa 12 de la misma urbanización, ubicada a solo 800 metros de distancia. Ahí vivía Kevin Joel P. S., hermano del conviviente, junto a su pareja Dayana Dennise V. F. Ambos fueron aprehendidos por hallazgo de casquillos y balas, aunque luego fueron absueltos en ese proceso.
La Fiscalía los vinculó posteriormente a la causa de lavado de activos. Los informes financieros establecieron que la pareja de la villa 12 era arrendadora del inmueble número 46 y promitente compradora del mismo, habiendo firmado una promesa de compraventa por USD 240 000. Sin embargo, ninguno de los dos tenía capacidad económica en el sistema financiero para efectuar esa transacción ni el pago inicial de USD 24 000 en efectivo.
Kevin Joel P. S. fue catalogado por la Policía Nacional como un objetivo de intermedio valor dentro de la estructura criminal, con un rol operativo y logístico para la contaminación de contenedores. También enfrenta un proceso separado por tráfico ilícito de armas.
Un quinto procesado, Luis Bryan C. G., hermano de la agente condenada, aparece como propietario de los dos vehículos Kia hallados en la villa 46. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) determinó que entre 2016 y 2025 registró ingresos por apenas USD 38 286, pese a haber realizado pagos en efectivo por USD 25 600 para adquirir esos vehículos.
Los tres permanecen prófugos. El proceso en su contra quedó suspendido hasta que sean capturados y se giraron boletas de localización y captura a la Policía Judicial.
