POR DETRIMENTO PATRIMONIAL EN CASO DE ‘ESTUDIANTES FANTASMAS’, PROCURADURÍA DESTITUYÓ A EXALCALDE DE BUENAVENTURA, VALLE

POR DETRIMENTO PATRIMONIAL EN CASO DE ‘ESTUDIANTES FANTASMAS’, PROCURADURÍA DESTITUYÓ A EXALCALDE DE BUENAVENTURA, VALLE

POR DETRIMENTO PATRIMONIAL EN CASO DE'ESTUDIANTES FANTASMAS', PROCURADURÍA DESTITUYÓ A EXALCALDE DE BUENAVENTURA, VALLE

Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)

En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años al exalcalde de Buenaventura, Valle del Cauca, Bartolo Valencia Ramos (2012-2015), por irregularidades en el manejo de recursos del sector de la educación destinados a los niños, niñas y adolescentes del distrito portuario.

El ente de control demostró que el disciplinado incluyó en el Banco de Oferentes al Centro Docente Ana Victoria, haciéndolo elegible para contratar servicios educativos, y posteriormente celebró con el mismo cuatro contratos, a pesar de incumplir los requisitos de reconocida trayectoria, idoneidad e infraestructura.
En un segundo cargo, la Procuraduría evidenció que, durante los años 2014 y 2015, Valencia Ramos destinó $3.492’000.000 del Sistema General de Participaciones para pagar dos contratos de prestación de servicios educativos para 3.880 estudiantes, de los cuales, según los hallazgos de firmas auditoras contratadas por el Ministerio de Educación, 2.321 alumnos eran inexistentes,lo que generó un detrimento patrimonial por $2.088’900.000.
La Entidad recordó al exmandatario que “en el uso de los dineros del Sistema General de Participación para educación estaban involucrados tanto el interés público como recursos públicos, y por su cargo de primera autoridad de contratación del Distrito debía propender por verificar dicho interés público y respetar el principio de responsabilidad que regula la contratación administrativa”.
Con estas conductas el exfuncionario incurrió en falta gravísima a título de culpa gravísima por desconocer el principio de responsabilidad de la contratación estatal y manejar irregularmente dineros que debían ser destinados a la prestación de un servicio educativocon calidad.
Contra esta decisión procede el recurso de apelación.

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