Por el PAE hay investigaciones abiertas por más de 40.000 millones de pesos

Los más recientes campanazos de alerta los dieron la Contraloría y la Procuraduría, tras visitas a las escuelas y colegios, y la verificación de que, además de este tipo de irregularidades, había casi un millón de niños que no estaban recibiendo las raciones con corte al 28 de marzo, tras más de dos meses de inicio de año escolar.

Lo anterior, porque en 11 entidades territoriales certificadas (ETC) —municipios y departamentos que pueden administrar el servicio educativo en sus jurisdiccio-nes— los operadores no habían comenzado a ejecutar los contratos.

Pero lo cierto es que, año a año, no dejan de conocerse denuncias sobre la calidad o cantidad de los alimentos ofrecidos a los estudiantes, así como de irregularidades, incluso de tipo penal, de quienes buscan enriquecerse a costa de los alimentos de los menores.
Con corte a enero de este año, la Contraloría General de la República tenía abiertos 144 procesos de responsabilidad fiscal por 42.046 millones de pesos relacionados con distintas irregularidades en el PAE. De los procesos, 123 ya estaban en etapa de investigación formal, relacionados con recursos de la nación asignados al programa en 26 departamentos. Los otros 21 procesos estaban en etapa de indagación preliminar en 11 departamentos.

Los procesos

Además, en el histórico y hasta enero, el órgano de control había confirmado y emitido en segunda instancia 35 fallos con responsabilidad fiscal contra entidades territoriales y operadores del PAE en 6 departamentos y 17 municipios, y contra el ICBF por valor de 7.901 millones de pesos. Estas sanciones tienen que ver con distintos casos en los que, por irregularidades y fallas, se comprometieron dineros públicos.

Las tres entidades con las sanciones más cuantiosas en la Contraloría eran el ICBF, que registra 9 fallos con responsabilidad fiscal por 2.901’302.013 millones de pesos, el departamento de La Guajira, que tiene dos fallos por 1.192’033.820 millones de pesos, y Casanare, con un fallo por 1.200’036.600 millones de pesos.

La Fiscalía desde hace años viene judicializando a particulares y funcionarios que se han aliado para quedarse con una mayor utilidad de esos contratos a costa de los menores que deberían recibir raciones adecuadas y en buen estado.

Fuentes del ente acusador le dijeron a EL TIEMPO que, a la fecha, se están adelantando actuaciones en 486 casos contra gobernadores, alcaldes, contratistas y particulares por presuntas irregularidades que rayan en lo penal. En 441 procesos se están haciendo los actos investigativos para establecer si ocurrió o no algún hecho delictivo y quiénes serían los presuntos responsables de estos.

Además, se ha formulado imputación de cargos en 41 casos, de los cuales 6 siguen en etapa de investigación. Y se han presentado escritos de acusación en 35 casos que continúan en etapa de juicio y en los que la Fiscalía espera llegar a condenas contra los procesados.

En el campo penal se han emitido cuatro sentencias contra contratistas y funcionarios públicos. Una de ellas contra el contratista Germán Trujillo Manrique, conocido como el ‘zar’ del PAE, quien fue condenado en 2019 a 36 meses de cárcel. La Fiscalía demostró que estuvo involucrado en sobrecostos en un contrato y que se le hizo un desembolso de 35.767’321.026 millones de pesos para brindarles alimentación a 124.892 estudiantes de 82 municipios de Santander, pero las raciones de alimentos nunca llegaron a las escuelas.

Pese a todas las acciones, no dejan de conocerse casos indignantes con un programa creado para complementar la alimentación y contribuir con la permanencia en sus estudios de más de 5 millones de niños. Por ejemplo, cuando se conoció la más reciente alerta de la Contraloría, a finales de marzo, una madre en Cartagena afirmó que en el colegio no les estaban dando las raciones a los niños.

“Nos encontramos con la problemática del PAE, no se les está dando a los niños, y hay muchos niños que cuando llegan a su casa no tienen ni qué comer, no tienen a veces ni agua. Hay madres que estamos muy preocupadas por la situación porque los niños llegan a su casa y no tienen a veces qué comer y ese pancito y ese poquito de leche les sirven”, indicó Jaqueline Arias.

Al respecto, Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la Participación Ciudadana, relató que mensualmente la entidad hace visitas para verificar las condiciones en las que se desarrolla el PAE, para alertar si hay irregularidades en la atención de los menores o la ejecución de los contratos para los que este año se asignaron recursos por más de 1,1 billones de pesos.

Frente a las alertas de los últimos días, indicó que los hallazgos fueron trasladados a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Uapa) del Ministerio de Educación —que es la directamente encargada del PAE— y que, tras el reporte, tres de las 11 entidades que faltaban por comenzar el PAE ya lo hicieron. No obstante, siguen pendientes Buenaventura, Caquetá, Cesar, Cúcuta, Magdalena, Neiva, Sincelejo y Sucre.

Lupa a la calidad

La Contraloría también tiene la lupa sobre las ETC en las que se reportaron alertas de calidad e inocuidad sanitarias en la operación del PAE a nivel nacional. Con corte al 24 de marzo había este tipo de alertas en instituciones de Medellín, Bogotá, Huila, Ibagué, Itagüí, Boyacá, Meta y en veredas de Antioquia y Cundinamarca.

Entre las alertas había algunas por la presencia de posibles brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, y en algunos de estos se encontraron, de acuerdo con información de la Contraloría, bacterias coliformes fecales como la E. coli y patógenos como la Shigella sonnei.

Entre las situaciones que están en estudio figuran registrados casos como los de la institución educativa Carlos Alberto Olano Valderrama, en Belén, Boyacá, donde se identificaron 83 personas enfermas presuntamente tras consumir alimentos del PAE, o la institución técnica Francisco José de Caldas, en Soatá, donde un posible brote de enfermedad por alimentos dejó 79 enfermos entre 360 que estuvieron expuestos al brote.

También hay registro de un posible brote en la institución Francisco Luis Hernández Betancour, de Medellín, donde hubo 50 menores con cólico abdominal después de consumir el menú del PAE; así como otro posible brote en la institución educativa Granizal, en esa misma ciudad, “donde se detectaron 68 casos de niños con síntomas de cefalea, náuseas, vómito y dolor abdominal por consumo de bebida láctea suministrada en la entrega del PAE”, según informó el órgano de control.

Además de la calidad de la comida que les sirven a los menores, Pineda explicó que también vigilan el cumplimiento del tiempo de contratos, “generamos las observaciones para que se verifique que los recursos públicos se paguen por servicio prestado, porque hemos encontrado que pueden presentarse casos en los que se contrata el PAE para 180 días, pero en realidad, por la fecha de entrada en operación, solo lo prest
Así mismo, el contralor dijo que les preocupa que en la mayoría de las instituciones educativas visitadas no están conformados los comités de alimentación escolar, que buscan involucrar a los ciudadanos en la planeación y ejecución del PAE�y contribuir a mejorar la atención de los estudiantes. Esos comités, que por norma deberían existir en todas las ETC en las que hay PAE, pueden ayudar a hacer un seguimiento más de cerca a lo que pasa con el programa.

“Llegar a todas las instituciones en el país es complicadísimo, pero sí podemos estar en contacto con las veedurías ciudadanas y los comités. Es importante el control que puede hacer el padre de familia, por ejemplo”, explicó.

En estos momentos, la Contraloría está adelantando una auditoría financiera para ver qué pasó con los recursos ejecutados en 2021, esa auditoría estaría lista antes de finalizar el primer semestre de este año. Pese a que tras las alertas de la Contraloría, hace dos semanas, tres de las entidades que faltaban por comenzar a entregar el PAE lo hicieron, hay otras 8 en las que a los niños siguen sin darles su comida.

Desde la Contraloría explicaron que no cumplir con los tiempos de iniciación de entrega del PAE puede implicar para las entidades territoriales que la Uapa les realice recortes en sus asignaciones presupuestales de la siguiente vigencia, adicionales a las acciones fiscales que pueda adelantar el órgano de control.

“Los recursos públicos, y en este caso de la alimentación escolar, se deben ejecutar como es debido. Es por eso que como ente de control hacemos el llamado a que aquellas ETC que no han iniciado, lo hagan y no dejen a sus estudiantes sin la alimentación”, concluyó la entidad.

El año pasado, la Procuraduría General abrió indagaciones preliminares por irregularidades en el PAE a la Gobernación de Córdoba; a los municipios de Sampués, Chalán, Coveñas, Morroa, Los Palmitos, Corozal y Tolú, en Sucre; y, adicionalmente, a Buenaventura y Santa Marta.

Además, el organismo de investigación disciplinaria ha tenido que acudir a tutelas para que se preste una alimentación equilibrada. Esos recursos se han interpuesto contra las gobernaciones de Chocó, Guaviare y Sucre; las alcaldías de Neiva y Sincelejo; y los municipios de San Pablo de Borbur, La Capilla, Otanche, La Victoria, Quípama y Pauna en Boyacá.

Adicionalmente, se rindieron informes para activar la función disciplinaria por inoportuna prestación del servicio de alimentación escolar en los departamentos de Cauca, Sucre y Magdalena; los distritos de Buenaventura y Santa Marta, y el municipio de Popayán.

Hace dos semanas, el Ministerio Público alertó sobre las demoras en la prestación del PAE en los departamentos de Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre; en los distritos de Buenaventura, Santa Marta y Riohacha; y en Cúcuta, Neiva, Pitalito, Sincelejo y Valledupar, “que afectan los derechos de más de un millón de niños, niñas y adolescentes beneficiarios”.

Desde 2021, la Procuraduría les pidió a los mandatarios cumplir con la obligación de prestar el servicio de alimentación escolar de “manera oportuna e ininterrumpida durante todo el año”, pero el organismo indicó que ha encontrado que “se siguen presentando retrasos en la operación del programa”.