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Procuraduría abrió pliego de cargos contra concejales de Soledad Atlántico

Procuraduría abrió pliego de cargos contra concejales de Soledad Atlántico

 

Procuraduría abrió pliego de cargos contra concejales de Soledad Atlántico

 

Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)

 

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los actuales concejales del municipio de Soledad, Atlántico, por presuntas irregularidades en el proceso de creación del Fondo del Fomento del Desarrollo del Deporte de Soledad el 7 de marzo de 2016.
Los ediles municipales Ricardo Arcon Hereira, Gladys Magdalena Arraut Varelo, Astrid de Los Milagros Barraza Mora, Robinson José Buelvas Vergara, Julio César Cabrera Rodríguez, Ruber Antonio Cartagena Llano, Robín Basilio Castro Fallace, Enrique Horacio Del Castillo Jiménez, Félix Alberto Donado Escorcia, Daniel Iván Florián Reales, Alexandra Patricia Hernández Navas, Álvaro Enrique Martínez González, Rodrigo Edison Martínez Rodríguez, Jorge Humberto Mejía Iriarte, Adriana Marcela Molinares Mancera, Ruby De Jesús Puente Garizabal, Johnny Eduardo Pulgar Severiche, Juan Carlos Orozco Llerena Y Monte Wuilliano Valbuena Rojas al parecer debatieron, aprobaron y expidieron el Acuerdo No. 000199 el 7 de marzo de 2016, por medio del cual se creó nuevamente dicho fondo que había sido eliminado por la misma corporación.
La Procuradora Provincial de Santa Marta, Claudia Patricia García, recibió por competencia la designación especial del Procurador General de la Nación para continuar con la investigación disciplinaria contra los concejales, que además de crear el Fondo dispusieron un impuesto del 1.5% de financiación para el mismo sobre los convenios y contratos suscritos por el municipio de Soledad y sus entres descentralizados sin las facultades legales para hacerlo.
El ente de control considera que los concejales de Soledad podrían haber incurrido en “incumplimiento de deberes y extralimitación de derechos y funciones, por lo que la Procuraduría Provincial de Santa Marta calificó provisionalmente la falta como gravísima a título de dolo.

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