Procuraduría destituye e inhabilita a Edwin Besaile y Alejandro Lyons

Para la Procuraduría, Besaile y Lyons no ejercieron su deber de vigilancia y control sobre los actos de sus secretarios de Salud, lo cual permitió que se ordenaran pagos de terapias de rehabilitación a 2.181 menores de edad en condición de discapacidad, prestadas entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, por $4.988 millones, sin que mediara relación contractual entre el ente territorial y Funtierra Rehabilitación IPS.

En fallo de primera instancia, ante el cual procede recurso de apelación, el órgano de control calificó la falta de los disciplinados como gravísima a título de culpa gravísima.

Por los mismos hechos, el órgano de control tambiénÂdestituyó e inhabilitó por 11 años a los exsecretarios de Salud del departamento, Edwin Preciado Lourdy y José Jaime Pareja Alemán, por ordenar el pago de los servicios de salud.

Aunque los investigados dijeron que los pagos eran en cumplimiento de tutelas, la Procuraduría dijo que aunque las decisiones judiciales debían ser acatadas, en este caso las órdenes consistían en la obligación de prestar el servicio y en ningún momento se dispuso omitir la celebración de un contrato.

La Procuraduría General ordenó remitir copia de esta decisión a la Corte Constitucional y a la Contraloría General de la República, para que haga parte de las actuaciones que adelantan por hechos relacionados.

Así mismo, pidió a la Procuraduría Delegada para la Salud evaluar si es necesario adelantar una acción preventiva en la Gobernación de Córdoba para que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida digna y a la salud de los niños, niñas y adolescentes que requieren la prestación de estos servicios de salud en el departamento.