Procuraduría destituyó a exdirector Administrativo y Financiero de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia
Procuraduría destituyó a exdirector Administrativo y Financiero de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia
Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)
Por desconocimiento del régimen de inhabilidades, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por cinco años, al particular,Samuel Roberto Vásquez Arias (2021-2022), quien ejerció funciones públicas como director Administrativo y Financiero de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia.
El ente de control comprobó que siendo conocedor de que sobre él recaía una inhabilidad sobreviniente por cuanto la Contraloría General de la República profirió y reportó uno de los dos fallos de responsabilidad fiscal que emitió en su contra, el disciplinado se desempeñó como miembro principal de la citada junta, entre el 9 de septiembre de 2021 y el 7 de febrero de 2022.
Aunque en el primero de los fallos, ejecutoriado el 10 de septiembre de 2021, se sentenció su inhabilidad para contratar con el Estadoy para desempeñar cargos públicos desde el 9 de septiembre de 2021 hasta el 8 de septiembre de 2026, el director Administrativo y Financiero de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia continuó en el cargo y reclamó sus honorarios hasta febrero de 2022.
A pesar de que el exfuncionario indicó en su defensa que durante los meses de agosto a diciembre de 2021 “fue sometido a procedimientos quirúrgicos que lo obligaron a estar hospitalizado en dos clínicas de la ciudad de Medellín, por lo cual estaba en imposibilidad de ejercer las funciones”, el Ministerio Público evidenció que solo en el mes de diciembre estuvo hospitalizado.
Adicionalmente, la Procuraduría demostró que según la certificación incorporada por él mismo como prueba documental, hay un fallo de tutela en el que reclama los honorarios correspondientes al mes de enero de 2022, y un oficio en el que le solicitó a la revisora fiscal de la junta el reconocimiento de los honorarios de febrero del mismo año.
En el fallo de segunda instancia, la Entidad afirmó que Vásquez Arias desconoció el principio de moralidad de la función administrativa, pues, pese a ser un profesional del derecho y a haber conocido las decisiones de la Contraloría, decidió guardar silencio y continuar ejerciendo como miembro de la junta.
Por esta conducta irregular, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3 calificó definitivamente su falta como gravísima cometida a título de culpa gravísima.
