Procuraduría investiga al Contralor de Bogotá por nómina paralela

 Ante las denuncias del sindicato de la Contraloría de Bogotá sobre supuestas contrataciones irregulares de asesores dentro de ese organismo, la Procuraduría General anunció este lunes que abrió un proceso disciplinario contra el contralor distrital, Juan Carlos Granados. El Ministerio Público explicó que la indagación preliminar se abrió por “presuntas irregularidades en contratación que podrían constituir una nómina paralela en la entidad”.

Entre los contratos cuestionados está el que el Contralor de Bogotá le dio a Yara Malo, investigada por cobrar dinero a cambio de nombramientos en la Fiscalía General.�

Malo es hija del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo, en la lupa de la Comisión de Acusaciones por su supuesta relación con la red de corrupción que favoreció a investigados por el alto tribunal a cambio de millonarias sumas de dinero.
El contrato con Yara Malo fue firmado el 6 de junio de este año y tuvo un valor de $ 25 millones. La función que debía desarrollar por cinco meses era prestar asesoría a la Contraloría de la capital en la vigilancia de recursos de la salud.�

Ese contrato se firmó después de que estallara el escándalo por la supuesta extorsión que Malo hizo a una funcionaria de la Fiscalía, a la que le quitaba parte de su sueldo por haberla ayudado en su nombramiento.

La Procuraduría también investiga viajes al exterior de directivos de la Contraloría a supuestas capacitaciones sin justificación.

“El órgano de control tomó esta determinación para verificar la veracidad de las denuncias presentadas por el Sindicato de la Contraloría y establecer si el funcionario ha actuado en contravía con sus obligaciones”, aseguró la Procuraduría en un comunicado.

Pero esta no es la única investigación que Granados tiene en la Procuraduría. Las delegadas para la Contratación Estatal y la Moralidad Pública investigan denuncias que indican que Granados supuestamente recibió financiación de Odebrecht en su campaña a la Gobernación de Boyacá.�

Según el testimonio de Federico Gaviria –preso por el caso Odebrecht–, Granados habría sido el destinatario de 200 millones de la multinacional, plata que fue entregada al exsenador Plinio Olano.

Además de los procesos disciplinarios, el Contralor también tendrá que darles explicaciones a la Fiscalía y a la Contraloría General. Fuentes de la Fiscalía señalaron que a un fiscal delegado ante la Corte Suprema ya se le envió el expediente en el que aparece mencionado por el caso Odebrecht. Las fuentes señalaron que el contralor será citado para que dé su versión de los hechos.

Y en la Contraloría General, hace menos de tres meses, se abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra Granados, cuando ocupó la Gobernación de Boyacá, por presuntas irregularidades en dos contratos con fundaciones por 5.552 millones de pesos. Esos contratos tenían como objeto la entrega de kits escolares, pero las fundaciones terminaron subcontratando a otras empresas. Además se encontró que las fundaciones aparecían atendiendo a niños que en realidad no existían.�

En el Tribunal de Cundinamarca en el despacho del magistrado Óscar Dimaté está la demanda con la que se busca anular su elección, al considerar que Granados estaba inhabilitado para ocupar el cargo por haber estado en la junta directiva de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el Consejo Directivo de la Región Administrativa y de Planeación (Rape). El caso fue enviado por el Consejo de Estado al Tribunal por ser competente para estudiar la demanda.