Procuraduría pidió condenar a Gustavo Malo por el ‘cartel de la toga’

Procuraduría pidió condenar a Gustavo Malo por el ‘cartel de la toga’

Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)

Este lunes continuó en la Corte Suprema de Justicia el juicio contra el exmagistrado de ese alto tribunal Gustavo Malo Fernández, acusado por su presunta participación en el entramado de corrupción judicial conocido como el ‘cartel de la toga‘.

La Procuraduría le solicitó a la Corte condenar al exfuncionario al señalar que hay prueba suficiente de que dicha organización ilegal sí existió y que actuó con el fin de ‘torcer’ procesos a aforados a cambio de millonarias sumas de dinero.

«Se pasó del alma de la toga al cartel de la toga», dijo el delegado de la Procuraduría al pedir la condena de Malo por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.

«Se probó que Malo Fernández perteneció a una organización criminal cuyo propósito era beneficiar intereses de quienes estaban siendo procesados en su despacho a cambio de cuantiosas sumas de dinero», señaló la Procuraduría en audiencia de alegatos de conclusión ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema.

Según la acusación de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, «existen serios indicios que permiten concluir” la “participación de Malo Fernández dentro de una organización criminal encaminada a favorecer a aforados”.

En la acusación se mencionan dos procesos en los que supuestamente Malo interfirió: el del exsenador Musa Besaile�y en el del también exsenador Álvaro Ashton.

La Procuraduría acreditó los testimonios rendidos por el abogado y exfiscal Luis Gustavo Moreno, condenado por estos hechos, así como los del exmagistrado auxiliar de ese alto tribunal Camilo Ruiz, para indicar que sí hay prueba de la participación de Malo en ese entramado ilegal.

«Los hechos delictivos no son aislados. Esa afirmación tiene soporte en los testimonios rendidos por Álvaro Ashton, Musa Besaile�y Camilo Ruiz. Los dos primeros de manera explícita dijeron que realizaron negociaciones con Luis Gustavo Moreno y Francisco Ricaurte con el propósito de beneficiar sus intereses en los procesos que cursaban en su contra en el despacho que presidía el doctor Gustavo Enrique Malo Fernández«, dijo.

La Procuraduría le dio credibilidad al testimonio de Camilo Ruiz, quien dijo que Luis Gustavo Moreno se le presentó en un cumpleaños de Francisco Ricaurte, exmagistrado de la Corte Suprema, para manifestarle el interés que «tenían sus jefes, Ricaurte y Gustavo Malo, en favorecer intereses de Argenis Velásquez y Nilton Córdoba (congresistas)».

El delegado de la Procuraduría José Fernando Ortega señaló que Malo Fernández posibilitó la salida de su exmagistrado auxiliar José Reyes Rodríguez cuando este se convirtió en una piedra en el zapato para seguir con los designios de esa empresa ilegal.

«El actuar del encartado solo puede entenderse en los intereses de la organización criminal tal y como lo resaltó Camilo Ruiz, cuando manifestó que en los procesos de Argenis Velásquez y Nilton Córdoba�se aceptaban todas las solicitudes de aplazamiento de diligencias que formulaba Luis Gustavo Moreno. Valga decir que si bien esos asuntos no fueron objeto de la acusación formulada por el Congreso, sirven en el presente asuntos como indicio que evidencian la participación del encartado con la estructura criminal», dijo el procurador.

«La conducta del doctor Gustavo Malo Fernández�se corresponde y se ubica con lo normado en el artículo 340 del Código Penal�pues se concertó con otras personas para la comisión de delitos indeterminados, en este caso, los necesarios para satisfacer los intereses de los clientes de la empresa ilegal», agregó el delegado de la Procuraduría.

Para el Ministerio Público, Malo Fernández�actuó «de manera consciente y voluntaria al momento de concertarse con los demás integrantes» del cartel de la toga. Y señaló que sus actuaciones fueron «abiertamente ilegales». No obstante, pidió su absolución por el delito de prevaricato por omisión y señaló que no se probó que los dineros llegaran directamente al exmagistrado Malo Fernández.

«La conducta de cohecho propio no se cometió de forma directa por parte del doctor Malo Fernández. Debido a su posición, el magistrado se valió tanto de Francisco Ricaurte como de Gustavo Moreno�para recibir dineros con el propósito de retardar u omitir actos propios de la investidura que ostentaba, más precisamente abrir investigación formal en contra de los congresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile�pese a que insistía méritos para ello», agregó la Procuraduría.

En audiencia de alegatos de conclusión, el magistrado Gustavo Malo�cuestionó la acusación que le hizo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes�y aseguró que en este caso no hay pruebas suficientes que permitan acreditar los hechos que se le endilgan.

Malo aseguró que no se hicieron actuaciones ilegales en las investigaciones penales de Álvaro Ashton y de Musa Besaile�como se indicó en la acusación y que no incurrió en acto de corrupción alguno. En ese sentido, hizo una exposición ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de las pruebas solicitadas en cada proceso y sus actuaciones y destacó que las decisiones de fondo sobre el caso eran de la Sala Penal y no correspondían exclusivamente al magistrado instructor.

En este sentido, resaltó que él fue quien ordenó las interceptaciones telefónicas�en 2013 a Álvaro Ashton,�en las que quedaron registrados elementos relevantes para este caso, como una conversación con Francisco Ricaurte. Según Malo, si él fuera miembro del ‘cartel de la toga’, esto no hubiera pasado ya que lo lógico hubiera sido avisarles a sus «compañeros» de la interceptación.

«A nadie le avisé y no tenía por qué comunicarlo toda vez que no me asistía ningún interés ilícito ni mantenía relación alguna con la persona que estaba siendo interceptada, de lo que se desprende con claridad que no existía pacto alguno entre Álvaro Ashton y mi persona», dijo el exmagistrado Malo.

«Si fuera cierto que Francisco Ricaurte obtenía información privilegiada como lo afirma irresponsablemente Moreno, esta sería una de las de mayor importancia por las implicaciones que tenía para la organización, lo que nunca ocurrió porque jamás hice parte de ella», agregó Malo Fernández.

El exmagistrado cuestionó de fondo los testimonios rendidos por Luis Gustavo Moreno al indicar que son inconsistentes y que versan sobre asuntos que no le correspondía conocer directamente. Además, dijo que no compartió socialmente en el festival Vallenato de 2015 en Valledupar con Moreno al que, dijo, acudió por invitación de un magistrado del tribunal local.

«El común denominador de las declaraciones de Luis Gustavo Moreno es la imprecisión», dijo Malo Fernández.

Por el escándalo del ‘cartel de la toga’ fue condenado a 19 años de cárcel, en marzo pasado, el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema Francsico Ricaurte.

Ricaurte Gómez fue señalado como uno de los cerebros de una organización criminal que ofrecía sus servicios a políticos para favorecerlos con decisiones judiciales. En concreto, por seis casos: los procesos contra los excongresistas Álvaro Antonio Ashton Giraldo, Musa Besaile Fayad y Julio Manzur Abdalá�por ‘parapolítica’; los casos contra los exgobernadores Alejandro José Lyons Muskus, de Córdoba, y Juan Carlos Abadía, del Valle del Cauca, quienes eran procesados por corrupción; y fue condenado por los beneficios que habrían recibido del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).