Procuraduría profirió cargos por presuntas irregularidades en contrato para verificar estructura del edificio Aquarela
Procuraduría profirió cargos por presuntas irregularidades en contrato para verificar estructura del edificio Aquarela
Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos a la exsecretaria General del Ministerio de Cultura,Claudia Isabel Niño Izquierdo (2018 – 2020), por posibles irregularidades en la contratación de un concepto técnico para evaluar la estructura y el cumplimiento de las normas de sismo resistencia del edificio Aquarela, en Cartagena.
De acuerdo con la investigación disciplinaria, al parecer el estudio fue contratado de manera directa mediante la modalidad de prestación de servicios, con un presupuesto de $238 millones, cuando lo procedente era la convocatoria de un concurso de méritosque permitiera la participación de múltiples oferentes.
La ejecución del trabajo hacía parte de los estudios que se adelantaban para determinar la gravedad de la afectación al patrimonio cultural de la Nación por la construcción del complejo familiar Aquarela y hacer efectivas las medidas ordenadas en la actuación de control urbanístico adelantadas contra esa edificación.
En el pliego de cargos, el órgano de control precisó que “no era viable acudir a la modalidad de prestación de servicios para suscribir el contrato que se analiza, toda vez que las obligaciones pactadas no correspondían a tal esquema contractual, sino, más bien, a una consultoría, razón por la cual debió haber acudido a la modalidad de selección mediante un concurso de méritos”.
La Procuraduría agregó que ni en los estudios previos, ni en la justificación del documento se explicó la razón para considerar que la empresa seleccionada era la única que podía desarrollar esa actividad, cuando cualquier firma de ingenieros especialistas en temas de normas de sismo resistencia claramente también había podido desarrollar las actividades requeridas.
Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la presunta conducta de la entonces funcionaria como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
