El contrato tenía por objeto subsanar la problemática de la comunidad del corregimiento de Carrete, por el vertimiento de los desechos residuales en vías públicas, a través de la construcción de una planta de tratamiento.
En cumplimiento del Plan Bolsillos de Cristal, un fiscal de Administración Pública de la Dirección Seccional Atlántico imputó cargos en contra de Regulo Diazgranados Lozano, representante legal de Dizgracon SAS, los delitos de peculado por apropiación —en calidad de interviniente— y falsedad ideológica en documento público.
La investigación se relaciona con las supuestas inconsistencias halladas en la celebración del contrato de obra No. LP 003-2015, el 4 de noviembre de ese año, entre el entonces alcalde del municipio de Candelaria (Atlántico), Jaime Escorcia Domínguez y la firma Dizgracon SAS, representada por el hoy imputado, por un monto inicial de $1.908’479.098 y con término de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015.
El objeto de tal contrato era la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y estación de bombeo etapa 1 para el corregimiento de Carreto, en el citado municipio atlanticense, para satisfacer necesidades básicas de la comunidad, ya que por la carencia de infraestructura sanitaria básica como el alcantarillado, los pobladores se veían afectados por el vertimiento de los desechos residuales en las vías públicas y en sistemas artesanales de almacenamiento de aguas, trayendo además problemas de filtraciones de desechos, propagando así la contaminación ambiental en zonas aledañas y problemas en la salud en los habitantes.
Irregularidades descubiertas
- Al celebrar el contrato el municipio no incluyó la instalación del respectivo alcantarillado, es decir no hubo una debida planeación del contrato.
- El término de 50 días señalado para la ejecución del mismo era técnicamente inviable.
- El contrato fue objeto de tres modificaciones, adiciones y prórrogas que se tramitaron sin los requisitos de ley.
- El 28 de diciembre de 2015 se desembolsó en favor del contratista —con la supuesta complicidad de los servidores públicos de la alcaldía del municipio de Candelaria— el valor total del contrato que ascendió a $1.919’979.742, sin que las obras se hubiesen ejecutado en su totalidad, pues solo tenían un avance del 60% y los pagos habrían sido soportados con documentos ideológicamente falsos.
La Fiscalía evidenció entonces que dicho contrato se habría celebrado sin el lleno de requisitos legales y que además hubo una apropiación de recursos públicos que superan los $200.000.000.
Procesados
Por estos hechos, el 20 de marzo último la Fiscalía también imputó cargos en contra de:
- Jaime Darío Escorcia Domínguez, alcalde municipal de Candelaria 2012-2015
- Leonard Antonio Domínguez Valencia, ex director financiero municipal
- Fernando Séptimo Prieto Miranda, director de Infraestructura municipal
- Elayne Bolívar Domínguez, directora de Planeación municipal
- David Alberto Orozco Maldonado, interventor
Todas las personas investigadas dentro de este caso, incluido el excontratista Diazgranados Lozano, tienen medida de aseguramiento no privativa de la libertad.
DLBM
