Ricaurte era el jefe de la organización criminal que crearon en la justicia Fiscalía

Fueron varios los hechos revelados por la Fiscalía contra el ex magistrado Francisco Ricaurte con lo que se probaría la creación de lo que se denominó una “organización criminal” al interior de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. Así lo evidenció el ente acusador en el marco de la audiencia de imputación de cargos contra el ex jurista, resaltando que dicha organización estaba conformada por el actual magistrado de la Corte, Gustavo Malo, el ex fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Luis Pinilla: “Era una organización dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad pública, la administración pública y la recta repartición de justicia”.

Todo inicio en el año 2013 cuando el ex magistrado Ricaurte se conoció con el abogado Luis Gustavo Moreno a través del señor Leonidas Bustos.�Tras el hecho, Ricaurte cito a Moreno y le explico la forma en que operaba la organización. Estas reuniones se llevaban a cabo en las residencias de los ex magistrados Ricaurte o Bustos, además de reconocidos hoteles y restaurantes. En este punto, la Fiscalía señaló que Ricaurte “era quien generalmente referenciaba a los congresistas y políticos de quien se supiera que tuvieran indagaciones o investigacionesen su contra en la Corte Suprema de Justicia o en la Fiscalía”.

La estrategia que usaban, en la mayoría de casos, era la manipulación de información privilegiada y testigos, el uso de medios de comunicación para restar credibilidad a testigos, alteración de evidencias entre otros.

El caso del político liberar fue uno de los primeros que condujo a la Fiscalía a descubrir el modus operandi de esta organización. Todo se dio en el año 2012 cuando en contra del político cursaba una investigación por parapolítica. Para su caso, actuó como abogado defensor Luis Ignacio Lyons y como magistrado el señor Gustavo Malo. Luego de un arduo rastreo por parte de los integrantes del grupo se contacta al ex senador y se le informa de la apertura de la investigación�que se va a hacer en su contra.

Para el año 2013, se llevan a cabo varias reuniones como en el apartamento de Ricaurte, el Congreso y otros lugares y acuerdan que por 1.200 millones se lograría el archivo de la investigación, no obstante, esto no se materializa:

“El señor Ashton con la finalidad de que fuera abierta formalmente la investigación y eventualmente que se expidiera captura en su  contra, se comunica en el año 2013, varias veces y de manera directa, con usted Francisco Ricaurte, se reúnen en diferentes sitios (…) comunicaciones que mantienen aprovechando una relación cercana existente entre ustedes y acuerdan en principio que por 1.200 millones de pesos lograrían el archivo de la investigación, pero ese resultado no se materializa”

Además, la Fiscalía resalta que en este caso el ex presidente de la Corte “instruyó a Luis Gustavo Moreno sobre el valor que debería cobrarse y la forma en que se repartiría la cifra acordada, recibiendo aproximadamente 400 millones de pesosprovenientes de ese cobro”. Así las cosas, se llegó a varios acuerdos como la desaceleración de las investigaciones y la renuncia de quien sería el magistrado auxiliar del caso, es decir de José Reyes Rodríguez, ya que resultaba un obstáculo para los propósitos de la organización.

Conocido como uno de los ventiladores del Cartel de la Toga, el caso del congresista Musa Besaile inicio a finales de 2014, cuando Luis Gustavo Moreno contacto al político y tras varias reuniones acordaron el pago de 2.000 millones de pesos para frenar una orden de captura en su contra: “Usted señor Ricaurte ordeno a Luis Gustavo Moreno que se comunicara con el congresista Musa Besaile con el que después de varias reuniones acordaron el pago de 2.000 millones de pesos. La finalidad nuevamente: evitar orden de captura que usted tenía conocimiento se iría a emitir contra ese congresista por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el proceso numerado 27-700. En ese acuerdo también intervino el abogado Luis Ignacio Lyons, defensor del senador, y además se encargó de recibir parte del dinero enviado por Musa Besaile y entregarlo a los miembros de la organización” señala la Fiscalía.

La manera de hacerse este pago fue a través del abogado Luis Ignacio Lyons, quien hizo una primera entrega de 390 millones de pesos a Moreno, de los cuales Ricaurte se quedó con 290 millones. La segunda entrega se hace en el apartamento del ex fiscal por una suma de 300 millones, sin embargo 250 millones llegaron directo a los bolsillos del ex magistrado, para un total de 540 millones.

No obstante, y tras la desaprobación de un pago a Lyons por la gestión realizada, el ex jurista Ricaurte resulta quedándose con los 1.300 millones restantes, que fueron entregados directamente por Besaile: “Pero debido a que usted desaprobó que Luis Gustavo Moreno permitiera que el abogado Luis Ignacio Lyons se quedara con 150 millones de pesos, los 1.300 millones restantes los recibió usted de manera directa del senador Musa Besaile,suma de la que debían pagarle al magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández”

“En el mes de octubre de 2014, el Señor Alejandro Lyons se contactó con el señor Camilo Tarquino Gallego, exmagistrado de la Corte Suprema, a través de una amiga común, Muriel Benito Rebollo, con la finalidad aparente inicial de obtener una ayuda de ese profesional del derecho, Doctor Tarquino, para que, según lo señalo Lyons, las altas cortes y la Fiscalía tuviesen claros los hechos que habían ocurrido en el tema de regalías.�Con ese propósito Lyons le entrego directamente a Tarquino 30 millones de pesos para que este iniciara las gestiones”

Pero allí es donde viene la mano negra de la organización, quienes a través de Tarquino intimidan a Lyons para el pago de 20.000 millones de pesos “con la finalidad de solucionar definitivamente sus problemas (…) para lo cual afirmó que había un equipo de magistrados dedicados a ese tipo de actividades, es decir, intervenir en favor de los intereses de los procesados y las actuaciones que se adelantaban en la Corte y la Fiscalía, entre los que estaban Leonidas Bustos y usted Doctor Ricaurte”�

Este caso se lleva a cabo en diciembre de 2014, cuando el ex senador cordobés Julio Manzur, es contactado por Luis Gustavo Moreno, a través de un familiar, para frenar una orden de captura, por lo que Moreno le ofreció sus servicios como abogado por 2.000 millones de pesos: “Y ofreció entonces el Doctor Moreno sus servicios de abogado en esa actuación por la suma de 2.000 millones de pesos, oferta que Manzur rechazó y la consecuencia es que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por orden suya, lo capturó el 24 de enero de 2015”

Tras dicha captura, nuevamente el ex fiscal, quien para entonces se desempeñaba como abogado, reitero la solicitud a Manzur y a su familia por el mismo valor de 2.000 millones de pesos. �

Entre los años 2015 y 2016, el ex fiscal 9 ante la Corte Suprema, Alfredo Bettin Sierra, adelantaba varias actuaciones contra Abadía por hechos cuando fue Gobernador del Valle del Cauca: “Usted Doctor Francisco Ricaurte y el hoy ex fiscal 9, Alfredo Bettin Sierra, acordaron por una parte orientar las investigaciones hacia posibles decisiones de archivo, dos de las cuales se alcanzaron a expedir. Y por otro lado, evitar hacer imputaciones en contra del investigado”.

Como en la mayoría de casos, Luis Gustavo Moreno intervino para ser defensor de Abadía. Sin embargo, al interior de la organización se llegó al compromiso de que en este caso no se realizarían imputaciones. No obstante, en cierto punto de la investigación y tras varias presiones Bettin le informa a Ricaurte que estaba obligado a imputarle cargos, lo que coincide con la renuncia de Moreno en el caso, debido a que es nombrado como fiscal, otorgándole el poder a los abogados designados por el ex magistrado Leonidas Bustos.�

Entre los años 2014 y 2015, al magistrado Gustavo Malo le fueron designados casos de los ex senadores Alvaro Ashton y Musa Besaile, los cuales transcurrían con normalidad. Al mismo tiempo, dentro del equipo de investigadores del magistrado Malo estaba el abogado Carlos Bula Dumar cuyo hermano, Alfredo Bula Dumar fue nombrado como Gerente del FONADE, esto en 2015. En este nombramiento, intervinieron, además de los congresistas, el ex magistrado Francisco Ricaurte: “Esta entidad era reconocida como el fortín político de los congresistas Musa Besaile y Bernardo Elías�(…) Fonade fue utilizado para hacer favores burocráticos, comercializar puestos en beneficio de algunos de los concertados y con la finalidad de lograr el propósito de la organización”.