Sancionan a empresas con $28 mil millones por cartelización en el PAE

Con una multa superior a los $28.434 millones la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a nueve empresas y 16 personas naturales por violar la libre competencia y cartelizar el Programa de Refrigerios Escolares en Bogotá (PREB) del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en hechos ocurridos entre 2007 y 2017.

De igual modo sancionó a la Asociación Colombiana de Empresas Proveedoras de Alimentos (Asoproval) por haber desarrollado y ejecutado un sistema tendiente a limitar la libre competencia en relación con los procesos de selección contractual del PREB.

• Según lo dio a conocer la entidad, se pudo comprobar la existencia de un acuerdo entre Aerodelicias, Servicial, La Campiña, Catalinsa, Diseral, Ibeaser, Liber, Spress y Surcolombiana, para eliminar la competencia en los procesos de selección contractual del PREB.

Acuerdo con el que los infractores se distribuyeron las adjudicaciones de las zonas en las que fue divida Bogotá para los procesos de selección del Programa de Refrigerios Escolares de la ciudad. Las empresas sancionadas idearon y ejecutaron de manera continuada, por 10 años, una dinámica que afectó la libre competencia en 19 procesos de selección.

Como consecuencia de esta actuación solamente en 38,52 % de las zonasÂse presentó más de una propuesta que implicaba un ejercicio de competencia por el mercado. Este porcentaje decreció a 25 % al tenerse en cuenta exclusivamente la concurrencia de propuestas que fueron habilitadas para competir en cada zona. Esto significó que en 75 % de las zonas a adjudicar no existiera pluralidad de oferentes.

• Adicionalmente, se evidenció que los sancionados ejercieron actos encaminados a evitar que el Distrito modificara la modalidad de contratación a mecanismos que buscaban incrementar la competencia en las zonas del PREB a adjudicar. Las empresas sancionadas utilizaron como vehículo de coordinación a Asoproval para mantener la estructura ilícita del acuerdo frente a los cambios de la entidad contratante, y así evitar que la estructura de los procesos se modificara en perjuicio de sus intereses.

Además, las empresas sancionadas que hacían parte de Asoproval se opusieron a la implementación de los nuevos modelos de contratación,Âejerciendo a través de la asociación una oposición coordinada mediante ataques deliberados que comprendieron denuncias ante entes de control, acciones de tutela, entre otras estrategias.