Sanciones de EEUU atormentan de 80 funcionarios del régimen de Maduro
Sanciones de EEUU atormentan de 80 funcionarios del régimen de Maduro
Fuente: LA PATILLA (Ver Noticia Original)
El 13 de marzo de 2014, Senadores demócratas de Estados Unidos presentaron un proyecto de Ley ante el presidente Barack Obama para imponer sanciones directas a funcionarios del Gobierno venezolano, ante los distintos episodios de protestas antigubernamentales en ese entonces.
Por: Vanessa Rodríguez / LaPatilla.com
Entre los primeros sancionados de ese año están: el jefe del Distrito Capital, José Benavides Torres, el director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González López, Justo José Noguera Pietri, la fiscal Katherine Nayarith Haringhton Padrón, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, Manuel Gregorio Bernal Martínez y Miguel Alcides Vivas Landino, cada uno con un rol importante dentro del régimen de Nicolás Maduro; situación que incomodó de inmediato a las autoridades venezolanas respondiendo con una condecoración de estos personeros, acción que se repitió en las sanciones posteriores.
Un portavoz del Departamento de Estado de EEUU, quien solicitó que su identidad se mantuviera en anonimato, dijo a la agencia AP en febrero de 2015, “que las sanciones cobijan a individuos de varios niveles de gobierno, desde ministros y asesores presidenciales a autoridades policiales y jueces, además de aquellos que debilitan la gobernabilidad democrática a través de actos de corrupción con fondos públicos, así como sus parientes”.
El magistrado de sala de casación penal, designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, Alejandro Rebolledo, explicó a LaPatilla.com que “las sanciones por violaciones a la Ley Kingpin fluctúan entre penas civiles a penas criminales más severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y/o multas millonarias, que para empresas pueden alcanzar los $10 millones. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas, de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin”.
Para aquel momento, un total de 56 personas, entre funcionarios y familiares de los mismos, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Por lo que Rebolledo recalcó “que en los tribunales judiciales norteamericanos dan por hecho que las sanciones están sustentadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, a través del cual se congelan las cuentas y bienes a los funcionarios venezolanos sospechosos que estén incluidos en las Lista negra Ofac”.
Luego, Estados Unidos atraviesa un cambio presidencial y la primera acción del primer mandatario actual, Donald Trump, fue sancionar al vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, así como a su testaferro, Samark López, por facilitar el envió de drogas desde los puertos y aeropuertos de Venezuela hacía México y EEUU.
Para mayo de 2017, el Departamento del Tesoro de EEUU vuelve a sancionar a otro lote de funcionarios venezolanos, en esta oportunidad, a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, en los que destaca el presidente de la máxima instancia judicial, Maikel Moreno, y la expresidenta del mismo, Gladys Gutiérrez. En esa oportunidad, se les impuso sanciones a 8 funcionarios más por asumir poderes del Parlamento liderado por la oposición venezolana, para un total de 64 personeros del gobierno castigados internacionalmente.
El 26 de julio de 2017, el Gobierno estadounidense impuso sanciones contra 13 funcionarios y exfuncionarios venezolanos por violación de derechos humanos, corrupción y acciones para acabar con la democracia. Entre los sancionados se encuentran el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), Sergio Rivero Marcano; el jefe de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez; el exjefe de ese mismo cuerpo, Franklin García Duque; y el comandante del Ejército Bolivariano, Jesús Suárez.
Igualmente, están el jefe de la Comisión Presidencial para la Constituyente y exvicepresidente de Venezuela, Elías Jaua; la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena; la exministra y miembro de la comisión para la Constituyente, María Iris Varela; y el defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
Y luego, sorpresivamente, después de tres meses de intensas protestas antigubernamentales cuyo saldo refleja más de 100 personas asesinadas, más de 5 mil detenidos, miles de heridos y al menos 650 presos políticos, surgió la sanción contra nada mas y nada menos que el presidente de la República Nicolás Maduro, uniéndose a un “un club muy exclusivo”, como lo dijo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster.
Maduro fue tildado por McMaster como un “dictador”, por lo que se le sancionó económicamente con la congelación de los activos bajo jurisdicción estadounidense, medida poco habitual a un líder en ese cargo.
Vale destacar que con esta medida, son cuatro los presidente sancionados directamente por Estados Unidos, presidente sirio, Bachar al Asad; el norcoreano Kim Jong Un, el de Zimbabue, Robert Mugabe y Nicolás Maduro.
En este sentido, el magistrado venezolano, Alejandro Rebolledo indicó que los alcances de las sanciones de la Ofac lleva a estos personeros a una muerte financiera. “Se está trabajando para que estas sanciones no solo sean en EEUU sino en toda la región y Europa”. Sin embargo, recalcó que son varios los programas bajo los que se realizan las sanciones, entre las que destacan el Programa sobre DDHH y sociedad civil de Venezuela, como el SDNTK (por sus siglas en ingles), especiales para sanciones por tráfico de droga y lavado de dinero.
