A cinco días de las elecciones presidenciales, el Senado de Chile inició este martes una votación por la acusación constitucional o juicio político contra el presidente, Sebastián Piñera, por violar el “principio de probidad” de la Constitución y haber “comprometido gravemente el honor de la nación”.

Para que prospere la iniciativa, se necesitan 29 de los 43 votos del Senado. La oposición cuenta con 24 escaños, por lo que hace falta que al menos cinco legisladores del oficialismo también voten a favor.

En la previa no sólo no hay noticias de que alguien del oficialismo vaya a dar su voto para el juicio político, sino que también hay dudas en uno de los sectores de la oposición, el centroizquierdista Partido Demócrata Cristiano, que cuenta con cinco senadores y sólo uno de ellos anunció su voto favorable al juicio político.

Piñera figura en la investigación Pandora Papers por la compraventa de la minera Dominga por parte de sus hijos a un amigo suyo, por intermedio de una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas, por 152 millones de dólares.

La compraventa tenía una cláusula que hacía caer la operación si la zona de instalación de la empresa era declarada de exclusión, parque o reserva nacional. El gobierno de Michelle Bachelet recomendó declarar el área protegida, pero al asumir Piñera esa recomendación fue desestimada.

El 9 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó el juicio político, luego de una maratónica sesión en la que el legislador Jaime Naranjo habló durante 15 horas para que el representante Giorgio Jackson, que atravesaba su último día de cuarentena por ser contacto estrecho del candidato presidencial Gabriel Boric, que había dado positivo de covid-19, pudiera llegar a tiempo para dar su voto definitivo. Si prospera, Piñera será destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años.

Se trata de la segunda acusación constitucional contra Piñera en este mandato. La primera se produjo a raíz de la represión de las protestas en 2019. Si bien el presidente salió ileso de esa acusación, no lo hizo su entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien sí fue destituido por el Poder Legislativo.

Pese a que es probable que la acusación constitucional no prospere, los negocios en paraísos fiscales de Piñera también están siendo investigados por la Fiscalía chilena.