Sentencia condenatoria contra exdiputada a la Asamblea de Antioquia por millonaria estafa
Sentencia condenatoria contra exdiputada a la Asamblea de Antioquia por millonaria estafa
Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original)
Pruebas testimoniales, técnicas y documentales permitieron a la Fiscalía General de la Nación obtener sentencia condenatoria contra la exdiputada a la Asamblea de Antioquia, Ángela María Cano Vargas y 2 de sus parientes, por estafar en más de 3.000 millones de pesos a numerosas familias de bajos recursos con dos proyectos de vivienda de interés social.
Terminada la etapa de juicio oral, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagüí (Antioquia) acogió la teoría del caso sustentada por la Fiscalía y emitió sentido de fallo condenatorio contra la exdiputada, contra su ex compañero sentimental Gabriel Jaime Velásquez Rodríguez y contra su yerno Carlos Andrés Moreno. A los tres investigados se les revocó el beneficio de la detención domiciliaria y se ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras se dicta la respectiva sentencia.
De acuerdo con la investigación, desde el año 2006, unas 240 personas de los estratos 1, 2 y 3 invirtieron más de 3 mil millones de pesos en dos proyectos de vivienda de interés social, ubicados en la citada población del Valle de Aburrá. Las soluciones de vivienda nunca fueron construidas.
Los investigadores establecieron que Velásquez Rodríguez fue el representante legal de la constructora DC Total de Diseño y Construcción, empresa encargada de los estudios de suelos, los diseños arquitectónicos y la ejecución de la urbanización San Miguel y el Proyecto Santa Marta.
Las víctimas tenían que consignar un monto de dinero en una cuenta a nombre del representante legal para obtener el supuesto cupo de vivienda. Además, debían consignar un millón de pesos para firmar las escrituras de los inmuebles que nunca existieron.
Para ganar su confianza, los afectados eran citados los fines de semana por los impulsadores del proyecto para la limpieza y organización de los presuntos terrenos donde se ejecutarían los proyectos de vivienda, el cual sería entregado en máximo dos años a partir del primer pago.
La lectura de fallo fue programada para el próximo 9 de agosto, por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, gestión indebida de recursos sociales y urbanización ilegal.
