¿Tambalean las relaciones EE. UU.-Centroamérica tras nueva lista de corrupción?
¿Tambalean las relaciones EE. UU.-Centroamérica tras nueva lista de corrupción?
Fuente: INSIGHT CRIME (Ver Noticia Original)
Aunque no es muy reveladora, la nueva lista de funcionarios que el gobierno de Estados Unidos considera como sospechosos de corrupción y narcotráfico en El Salvador, Guatemala y Honduras puede enturbiar aún más las relaciones de Washington con países de Centroamérica.
La lista, preparada por el Departamento de Estado en dos partes, fue dada a conocer por la congresista Norma Torres, demócrata de California, el 18 de mayo. En una parte se nombra a doce funcionarios y exfuncionarios de Guatemala y Honduras, y en la otra a cinco de El Salvador.
Todos ellos han «presuntamente cometido o facilitado la corrupción o el tráfico de estupefacientes». Torres recibió el informe inicialmente en abril, tras solicitarlo en diciembre de 2020, y fue desclasificado el 4 de mayo. Esta es la tercera lista de este tipo que los funcionarios estadounidenses han publicado desde mediados de 2019.
Entre las personas nombradas destacan un funcionario y un exfuncionario del gabinete del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Su jefa de gabinete, Carolina Recinos, está presuntamente «involucrada en significativos actos de corrupción durante su mandato», como se lee en el informe. Según un informe de El Faro, el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) ignoró las advertencias de conflicto de intereses en la contratación o concesión de préstamos a dos hermanos de la funcionaria.
El exministro de Seguridad de Bukele, Rogelio Rivas, también es acusado de haber incurrido en «significativa» corrupción al adjudicarle a su constructora privada «varios contratos para los que no hubo competencia ni licitación, destinados a construir estaciones de policía y otros edificios que están bajo su capacidad oficial», como señala el Departamento de Estado. También supuestamente infló el costo de los materiales de construcción.
A finales de marzo, Bukele destituyó a Rivas y lo remplazó por Héctor Gustavo Villatoro. Aunque este último no está en la lista del Departamento de Estado, también es sospechoso de tener vínculos con poderosos operadores políticos y otros funcionarios acusados de corrupción.
En la lista no se encuentra ningún funcionario de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aunque el partido de derechas se ha visto envuelto en varios escándalos, entre ellos malversación y blanqueo de capitales, así como negociaciones con pandillas callejeras.
Entre los guatemaltecos incluidos en la lista se encuentran Gustavo Alejos Cámbara y Felipe Alejos Lorenzana, ambos sancionados por el Departamento de Estado a principios de este año. Se les acusa de pagar sobornos para influir en nombramientos judiciales y obtener resoluciones que los beneficien a ellos y a sus aliados, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
También aparece Boris Roberto España Cáceres, congresista del departamento de Chiquimula, en la frontera con Honduras y El Salvador. Aunque no es tan conocido como otros funcionarios guatemaltecos en la lista, se dice que España Cáceres es un «intermediario clave en una activa red de corrupción de tráfico de influencias y sobornos”.
También figuran el exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, a quien los fiscales estadounidenses acusaron en agosto de 2020 de blanquear millones de dólares de la droga, así como otros funcionarios acusados de tráfico de drogas.
En cuanto a Honduras, los funcionarios estadounidenses señalaron a varios legisladores en ejercicio implicados en un caso actualmente en espera, que estaba siendo investigado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), organismo ya desaparecido y que era respaldado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Cinco de los seis funcionarios hondureños mencionados —Juan Carlos Valenzuela Molina, Welsy Milena Vásquez López, Milton Jesús Puerto Oseguera, Gustavo Alberto Pérez y Gladys Aurora López— son acusados de estar involucrados en el caso de corrupción Arca Abierta, en el que se malversaron US$800.000 de diversas agencias gubernamentales.
También figura Óscar Nájera, legislador hondureño al que el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a finales de 2019 por tener presuntos vínculos con el grupo narcotraficante Los Cachiros.
«La verdad es que ya sabemos que los gobiernos centroamericanos están plagados de corrupción», dijo la congresista Torres en un comunicado sobre la lista.
Agregó que «los funcionarios corruptos de la región clausuraron exitosos mecanismos anticorrupción [y] continúan interfiriendo con investigaciones independientes y entorpeciendo la labor de los organismos de supervisión».
Análisis de InSight Crime
Esta reciente lista de corrupción corre el riesgo de tensar aún más las relaciones entre Washington y los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, ninguno de los cuales ha respondido positivamente a las recientes presiones de Estados Unidos para reprimir la corrupción.
Apenas unas semanas antes de que se publicara la lista, el presidente de El Salvador, Bukele, había injuriado a Estados Unidos y a otros países que expresaron su preocupación por la decisión del Congreso de derrocar al fiscal general del país y a cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). «No es de su incumbencia», expresó Bukele en un tuit del 1 de mayo.
En abril, Bukele también tuvo un altercado en Twitter con la congresista Torres, quien en su tuit acusaba al presidente de ser un «dictador narcisista […] interesado en aparecer ‘cool’». Como respuesta, Bukele pidió a los latinoamericanos que viven en el distrito de Torres en California que no votaran por la congresista, a quien acusó de intentar «mantener a nuestros países en el subdesarrollo».
Al señalar públicamente a altos funcionarios cercanos a Bukele, Estados Unidos parece estar aumentando la presión sobre el presidente salvadoreño y sus aliados.
«El momento en el que se publica esta lista no es coincidencia. Es una medida que busca claramente enviar un mensaje a Bukele sobre sus recientes medidas para debilitar el Estado de derecho», dijo Christine Wade, experta en Centroamérica y profesora de ciencias políticas en Washington College, tras ser consultada por InSight Crime.
Guatemala también ha recibido críticas de Torres y otros funcionarios estadounidenses por presunta corrupción en el proceso de selección de magistrados del alto tribunal. En abril, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala se unió a otras naciones para expresar sus «serias preocupaciones» después de que el Congreso impidiera que una prominente jueza anticorrupción tomara su cargo en la Corte de Constitucionalidad del país.
Quizá se tomó la decisión de incluir a Alejos Cámbara y Alejos Lorenzana en la lista —ambos acusados de inmiscuirse en nombramientos del alto tribunal— para aumentar la presión sobre el gobierno guatemalteco, que les ha hecho poco caso a los temores de Estados Unidos con respecto al Estado de derecho en el país.
En cuanto a Honduras, la inclusión de varios funcionarios implicados en los casos de corrupción adelantados por la MACCIH pone de relieve el vacío que quedó tras la salida de esa comisión. Altos funcionarios del Departamento de Estado han considerado la disolución de la MACCIH como “un revés«. Por su parte, el gobierno de Honduras parece no tener prisa por reanudar los casos de la comisión.
Una evidente omisión en la lista es el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien volvió a quedar por fuera a pesar de que ha enfrentado constantes acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por su presunto papel en una conspiración internacional de tráfico de drogas liderada por su hermano, un excongresista que cumple cadena perpetua en Estados Unidos. En marzo, Hernández amenazó con romper relaciones con Estados Unidos por las acusaciones, las cuales él niega vehementemente.
Es incierto si la nueva lista tendrá un impacto concreto en la corrupción en Centroamérica. Estados Unidos aún no ha anunciado nuevas sanciones para los funcionarios incluidos en la lista, y muchos ya habían sido acusados o investigados por las autoridades estadounidenses.
Algunos analistas de Centroamérica, entre ellos Wade, sostienen que la lista no fue lo suficientemente lejos.
«Es una lista somera dada la magnitud de la corrupción en El Salvador», dijo a InSight Crime.
Jo-Marie Burt, profesora asociada de la Escuela de Política y Gobierno Schar, de la Universidad George Mason, y destacada miembro de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA), dice que la lista «llega tarde y es insuficiente» y que «a duras penas afecta» a los funcionarios corruptos en Guatemala.
«Hay una larga lista de funcionarios del gobierno guatemalteco, miembros del Congreso, jueces y élites empresariales que representan un peligro presente y real para el Estado de derecho», dijo Burt en comunicación con InSight Crime.
Esta lista parece ser un preludio de la llamada Lista Engel —conformada por una serie de funcionarios guatemaltecos, salvadoreños y hondureños sospechosos de corrupción a quienes se les revocarán sus visas—. Se espera que Estados Unidos publique esa lista por primera vez en junio de este año, de acuerdo con la legislación.
Por ahora, como afirma la congresista Torres, la reciente lista de corrupción «pone públicamente a estos actores en alerta y avanza en la perspectiva de la rendición de cuentas».
