En su expediente, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) establece que Adán Cáceres instrumentó un entramado de criminalidad organizada compuesto por un esquema societario, y con la participación de miembros vinculados a cuerpos castrenses y civiles para colocar, estratificar y reintegrar al sistema financiero nacional dinero defraudado del Estado, dando apariencia de legalidad a los activos generados.
Devolución de la Fundación Madre Tierra
Ayer los abogados del mayor general Adán Cáceres Silvestre acudieron a la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitar la entrega inmediata de los bienes y activos de la Fundación Madre Tierra, la cual ha sido señalada en la red de lavado de activos del caso de corrupción desmontado por la Operación Coral.
Los togados Francisco Álvarez, Cristian Martínez, Romer Jiménez y Elsa Trinidad, que actúan en nombre de la entidad, afirmaron que la Fundación Madre Tierra ha sido objeto de una campaña mediática desarrollada por el Ministerio Público con los fines de desacreditarla.
Alegan que esta organización fue ocupada ilegalmente, ya que esta es una institución legalmente constituida y, según ellos, está fuera del caso Coral.
Denunciaron que las instalaciones de Madre Tierra y sus operaciones han sido usurpadas y ocupadas por personas “cuyo único dato que tenemos para su identificación es, precisamente, que se acreditan como miembros y representantes de esta Procuraduría General de la República. Estas personas pernoctan y controlan la persona moral misma, sus propiedades, operaciones y dineros… hasta los que obtienen por venta de parte de sus bienes sin otorgar recibos”, dijo uno de los abogados.
Imputados
En el caso están imputados además de la pastora Rossy y el mayor general Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep); el coronel Rafael Núñez de Aza, el teniente C, el cabo policial Tanner Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
