Verdades a medias del caso Meritage

Verdades a medias del caso Meritage

Esta es la segunda parte de la historia de un proceso de extinción de dominio en el que participan agencias como el FBI, la DEA y la OFAC y que tiene al borde de la quiebra al proyecto inmobiliario más ambicioso de Medellín. En juego está un negocio de $470.000 millones.

En Medellín están paradas las obras de una de las apuestas inmobiliarias más ambiciosas del país, el Meritage Luxury Community, pues la Fiscalía considera que se trata de tierras que fueron adquiridas con plata de la Oficina de Envigado. El pasado 7 de abril la solicitud de extinción de dominio llegó a un juez, quien tendrá que analizar la información disponible: que el predio pasó por las manos de la modelo Tatiana Gil, de un vendedor de mangos, de gente posiblemente relacionada con la mafia; que en esta disputa hay una denuncia de secuestro de por medio; que los socios del Meritage se consideran compradores de buena fe. (Lea la primera entrega: «Así afectó la mafia al proyecto Meritage»)

En esa revoltura de verdades a medias, la justicia conoció tarde lo que estaba pasando. La primera vez que Iván López presentó una denuncia por el tema de la tierra donde hoy se levanta el proyecto Meritage fue el 3 de julio de 2014. Ese día, en compañía de su hijo Sebastián López, visitó la Dirección contra el Crimen Organizado en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, sostuvo que fue atendido por el entonces director de esa unidad, Álvaro Sarmiento —hoy investigado por un supuesto soborno—, y de ese encuentro salió designada para el caso la fiscal 24 especializada de Medellín, Marisabel Correa Torres.

Por esa misma época, Ángel Seda, el estadounidense que gerencia el proyecto Meritage, también se enteró de la existencia de Iván López Vanegas. “A comienzos de 2014 comencé a recibir extrañas llamadas de personas que se identificaron como emisarios suyos. Decían que López era el dueño de los terrenos donde se construía la obra y por eso quería reunirse conmigo”, comentó a El Espectador. Seda agregó que, luego de que un socio del proyecto revelara que Iván López había sido extraditado a Estados Unidos por temas de narcotráfico, él se negó a hacer cualquier acercamiento.

Casi de manera simultánea, el asunto perdió su sigilo y saltó a los medios de comunicación. En agosto de 2014, Ángel Seda salió al aire en W Radio, que lo llamó a preguntarle si sabía que las tierras donde se construía el proyecto Meritage supuestamente habían sido arrebatadas a Iván López a través del secuestro de su hijo Sebastián. El norteamericano sintetizó en pocas palabras sus argumentos: que se hicieron los estudios jurídicos de títulos antes de la compra, que la Fiscalía reportó que no existían antecedentes penales alrededor del predio y que básicamente fueron terceros compradores de buena fe exentos de culpa.

Año y medio después, hacia abril de 2016, el caso se reactivó en todos los escenarios. Sin más espera, Iván López acudió a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y presentó una tutela contra la fiscal 44 especializada de Medellín Marisabel Correa, la sociedad La Palma Argentina, Corficolombiana y el proyecto Meritage. Sus pretensiones eran que se decretara de inmediato el embargo de la obra, que la curaduría que expidió la licencia de construcción la suspendiera y que la empresa Royal Property Group —propiedad de Ángel Seda— se abstuviera de persistir en el proyecto urbanístico Meritage, en la vereda Perico, en Envigado.

El 23 de mayo de 2016, una sala de tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela respecto a la sociedad La Palma Argentina, Corficolombiana y el Proyecto Meritage. Sin embargo ordenó a la Fiscalía 24 Especializada de Crimen Organizado que, en un término no mayor a 15 días, tomara la decisión de abrir o cerrar un expediente por el secuestro de Sebastián López. Lo que trascendió después fue que el 8 de abril del mismo año, la fiscal 44 delegada de la Dirección de Extinción de Dominio, Alejandra Ardila Polo, ya había abierto una investigación que tenía que ver con la denuncia de Iván López y que indagaba por los traspasos irregulares del bien donde se construye el proyecto inmobiliario.

En efecto, a raíz del testimonio de Iván López, y con el propósito de establecer su patrimonio económico y el de Héctor Restrepo Santamaría, alias Perraloca, la Fiscalía detectó que este último tenía un alto número de propiedades en Medellín, por lo cual optó por abrir un proceso de extinción de dominio. Entre los bienes relacionados en el informe de Policía Judicial aportado al ente investigador apareció justamente el predio de la vereda Perico donde se construye el Meritage. Eso explica que antes del fallo de la tutela de López, la Fiscalía ya les seguía la pista a estas tierras.

Ángel Seda le dijo a este diario que en junio de 2016 entró en contacto con los abogados Víctor Mosquera y Gabriel Valderrama, quienes le sugirieron, a nombre de Iván López, una negociación cara a cara para resolver el conflicto. Seda se reunió primero con Víctor Mosquera en el restaurante Harry Sassón en Bogotá y hablaron de un posible acuerdo por $2.000 millones en favor de López. Luego, el 10 de junio, Seda viajó a Miami y en el hotel Marriott se encontró con Mosquera, quien llegó con Valderrama e Iván López. Según relató Seda, fue una reunión tensa que terminó abruptamente cuando él cuestionó a Iván López por su extradición y sus presuntos líos con el narcotráfico.

Seda aseguró que en ese momento Iván López buscó en su teléfono celular y le mostró una foto de sus propios hijos. Él lo entendió como una amenaza directa contra su familia y terminó la reunión. Horas después, Gabriel Valderrama le escribió un mensaje por Whatsapp para que se calmara y retomaran la negociación. Seda no quiso contestar. El 25 de julio de 2016, ante una nueva invitación de Valderrama para conversar, Seda dejó en claro que no le interesaba hacerlo y que el Ejército y la Policía se iban a enterar de todo. La respuesta de Valderrama fue lacónica: “Ángel, cordial saludo, entendido. Se cierra el capítulo de negociación”.

Según Seda, durante sus encuentros con los abogados Mosquera y Valderrama, estos le insistieron en que tenían cómo mover el caso en la Fiscalía para afectar la obra. Por eso el mensaje del lunes 25 de julio lo entendió como un ultimátum. Lo que Seda no sabía, y de lo cual se vino a enterar una semana después, el miércoles 3 de agosto, cuando la Fiscalía llegó al predio, fue que el viernes 22 de julio, es decir, tres días antes del último mensaje de Valderrama, la fiscal 44 de extinción de dominio había ordenado las medidas cautelares que dieron lugar al embargo de los terrenos en los que se construye el proyecto Meritage.

A petición de la Fiduciaria Corficolombiana, Ángel Seda contrató al abogado Francisco José Sintura para que apelara la decisión de la Fiscalía. En septiembre de 2016, Sintura presentó un alegato en el que expresó que “las medidas cautelares contra el proyecto Meritage estaban privilegiando las afirmaciones de una persona sometida a juicio en Estados Unidos (Iván López) y liberada por simples tecnicismos”, en contravía de los derechos patrimoniales de sus clientes, “que tuvieron las debidas precauciones al momento de adquirir”. En otras palabras, que fueron terceros adquirientes de buena fe exentos de culpa, argumento que la Fiscalía no cree.

Mientras se resolvía la apelación presentada por el abogado Sintura, a finales de octubre de 2016 Seda volvió a entrar en contacto con el abogado Víctor Mosquera, pero, según él, recibió un portazo como respuesta: la cifra para negociar había subido a $56.000 millones. En medio de su desespero, Seda acudió a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, a denunciar que lo estaban extorsionando y sugerir que podían existir relaciones non sanctas entre fiscales y abogados inmersos en la pelea por el proyecto Meritage. En la Embajada le recomendaron que contratara a un buen abogado y que iban a estar pendientes del proceso.

El pasado 21 de febrero, la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la decisión de la Fiscalía de embargar y puntualizó que sólo en la etapa de juicio se pueden ventilar los argumentos del abogado Sintura. En cuanto al ente investigador, la fiscal 44 especializada Alejandra Ardila fue removida del caso y el expediente ahora está en manos del fiscal 55 especializado de esa misma dirección, José Iván Caro, quien hace una semana decidió que el proceso fuera ante un juez.

La obra ya completa nueve meses paralizada y Ángel Seda asegura que las pérdidas son de $150 millones diarios, sin contar los empleos que se dejaron de proveer. Además sostiene que si fracasa el proyecto Meritage, su quiebra es inminente. De todos modos, insiste, ya está afectada la financiación de otros proyectos urbanísticos en la región, que suman $400.000 millones por el ruido mediático que ha provocado este caso. Al margen de si la construcción continúa o se detiene definitivamente por orden de la Fiscalía, quedan varios interrogantes sueltos que la justicia debería aclarar.

¿Por qué la Fiscalía certificó en 2013 que ni los antiguos propietarios ni el predio estaban vinculados a procesos penales? ¿Cuál es la verdadera historia de los hermanos Iván López Vanegas y Jaime Orozco Vanegas? ¿Quién es realmente Guillermo Arango, alias Guru, uno de los personajes que manejaron tras bambalinas este negocio a través de la modelo Tatiana Gil? ¿Participó de algún modo Héctor Restrepo, alias Perraloca? ¿Qué tan relacionada está la Oficina de Envigado con el caso Meritage? Comenzando por escuchar a Perraloca, quien fue deportado recientemente a Colombia y está preso por sus vínculos con el paramilitarismo, para desentrañar más nexos de la mafia con la compra de tierras en Antioquia.

Lea la primera parte de este reportaje en nuestra edición del pasado domingo 16 de abril.