Guillermo Bermejo: Qué papel cumplían los detenidos asesores del congresista dentro del caso La Unión
Guillermo Bermejo: Qué papel cumplían los detenidos asesores del congresista dentro del caso La Unión
Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original)
Según la tesis de la Fiscalía, Yul Valdivia y Francisco Jara habrían sido una suerte de intermediarios del parlamentario que promovía un presupuesto económico ante Robert López, exdirector general de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, para cuatro obras en el distrito de La Unión, en Piura.
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del magistrado Leodan Cristóbal Ayala, declaró fundado el 14 de agosto pasado el pedido del Ministerio Público para detener a catorce personas que pertenecerían a la red criminal denominada ‘Los Operarios de la Reconstrucción’ que se encargaba de conseguir presupuestos y colocar empresas ganadoras en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.
El fiscal Jorge Mauro García, integrante del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, el coronel PNP Harvey Colchado, jefe de la Diviac, y más efectivos policiales están al mando de las diligencias de este megaoperativo que se ejecuta desde la madrugada de este jueves 17. Se allana con descerraje 33 viviendas y 16 domicilios fiscales en Lima, Piura, San Martín, Áncash y Huánuco.
En la resolución del Poder Judicial, a la que Infobae Perú tuvo acceso, se menciona que entre los principales intervenidos están Robert López López, exdirector general de la ARCC,y Fernando Ipanaque Mendoza, exalcalde del distrito de La Unión (Piura).
Similar medida alcanza a Mario Espinoza Vera, Omar Neira Torres, Raúl Paulini Aguilar, Máximo Palacios Lazo, Joseph Lombardi Lizano, Jorge Bernal Barranzuela, Augusto Naquiche Yovera, Jesús Acosta Martínez, Diahara Pérez Villalobos, Margory Goicochea Suelpres de López, Francisco Jara Aguirre y Yul Valdivia Beteta.
¿Qué papel cumplían los asesores de Bermejo?
Según la tesis del Ministerio Público, Francisco Jara y Yuriel Valdivia trabajaron como “asesores en la sombra” del congresista Guillermo Bermejo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú). Sin embargo, al observar la página web del Parlamento, solo el primero tiene un vínculo laboral como técnico con Bermejo desde el 27 de julio del 2021.
Sobre Jara, “se atribuye que en su condición de personal técnico del despacho congresal del congresista Guillermo Bermejo Rojas, sería uno de sus hombres de confianza, al haberse integrado a la presunta organización criminal denominada ‘Red Criminal en el Poder’liderada por José Pedro Castillo Terrones e integrada por otros funcionarios públicos y sujetos particulares desde el año 2022, desde la cual vendría desarrollando actividades”.
En esa línea, se agrega que “su misión habría sido recibir en el Congreso de la República a los demás investigados de la organización criminal, los operadores de la reconstrucción, y con ellos coordinar los porcentajes de dinero ilícito que le correspondía a cada uno, en dicha coordinación habría participado con el investigado Mario Felipe Jair Espinoza Vera, conforme -según el fiscal- se advierte en los audios este último conversa con el investigado Fernando Ipanaqué Mendoza preguntando si Jaime se encontraba con el líder de la organización criminal”.
En el caso de Valdiviase menciona que “en su condición de persona natural o particular, haberse presentado ante servidores y funcionarios públicos en calidad de asesor del congresista Guillermo Bermejo Rojas, a pesar de no tener vínculo formal laboral con el aludido congresista, pues conforme se visualiza de los registros de visitas de ingresos y salidas al despacho de Guillermo Bermejo Rojas, el investigado habría ingresado de manera permanente al despacho congresal, siendo uno de los hombres de confianza del señalado congresista, la imputación es haberse integrado a la presunta organización criminal ‘Red Criminal en el Poder’ liderada por José Pedro Castillo Terrones desde el año 2022, fecha desde la cual vendría desarrollando actividades” .
Además, se añade que su tarea consistió en “visitar a diferentes alcaldes del interior del país, para captarlos y conducirlos hasta el despacho congresal, entre uno de los alcaldes captados estaría Fernando Ipanaque Mendoza, líder de la organización criminal ‘Los Operadores de la Reconstrucción’ y exalcalde de la Municipalidad distrital de La Unión-Piura, con el que el imputado Yul Valdivia, habría coordinado para apoyar la gestión de direccionar desembolsos de dinero para las obras a cambio de dinero en complicidad con los funcionarios de la ARCC; según la fiscalía, también sería el imputado sería el encargado de recibir los porcentajes de dinero ilícito previamente acordado con el líder de la OC denominada ‘Los Operadores de la Reconstrucción’, pues así habría sido mencionado por el investigado Mario Felipe Jair Espinoza Vera en los audios propalados por el medio de comunicación ‘Palmeras TV’ en su conversación por teléfono con Fernando Ipanaque Mendoza”.
La Fiscalía coincide en que Jara y Valdivia cumplieron la labor de “haber prestado auxilio en el marco de las acciones de intermedicación que promovió el congresista Guillermo Bermejo para los efectos de impulsar y promover presupuesto económico ante Robert López Lópezcuando fue director general de la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios”.
En el documento se indica que el legislador de izquierda estaba muy interesado en que se destinen recursos millonarios para las siguientes cuatro obras que se iban a ejecutar en el distrito piurano de La Unión: Mantenimiento de las calles del Centro Poblado Nuevo Tamarindo y Arroyo Mío, recuperación de la Institución Educativa N° 025, la rehabilitación del servicio educativo secundario en la Institución Educativa Almirante Miguel Grau de Villa Tablazo Norte y la recuperación del Local Escolar N° 1056 en el Asentamiento Humano Héroes del Cenepa.
A Jara y Valdivia se les imputa haber cometido la comisión de los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. El Ministerio Público pronostica para ambos penas entre cuatro a 15 años de prisión.
