Lujos, testaferros y corrupción

Días pasados, desde este espacio celebrábamos la actuación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y cuestionábamos la posición asumida por el juez Ernesto Kreplak de no objetar el blanqueo de 600.000 dólares no declarados solicitado por Sofía Clerici, compañera de aventuras del exintendente Martín Insaurralde, investigado por lavado y enriquecimiento ilícito.

En la causa del llamado “Yategate”, la Cámara Federal de La Plata confirmó su competencia federal argumentando que el delito de lavado debe considerarse un delito autónomo contra el sistema financiero nacional, que afecta la estabilidad de los sistemas democráticos. En la causa se investiga también si el exjefe comunal de Lomas de Zamora realizó las operaciones delictivas por sí mismo o a través de terceros como Jesica Cirio o Sofía Clerici, entre otros.

También en estos días, Kreplak rechazó por segunda vez el pedido de apartar al fiscal Sergio Mola del caso tramitado por la defensa del exjefe de Gabinete bonaerense. Lo acusan de “persecución penal contra la hija menor de Insaurralde en relación con la indagación sobre asistencia, cuotas y pagos, dirigida al instituto educativo al que la niña asiste”. También hacia su segunda mujer, Carolina Álvarez y sus hijos, así como respecto del fastuoso casamiento posterior con la modelo Jesica Cirio en 2014. Mola había imputado también a Clerici e Insaurralde por los costosísimos regalos exhibidos en redes sociales que holgadamente superaban los ingresos declarados de ambos. A todo esto, con absoluto desparpajo Clerici sigue ostentando sus bienes en Instagram, exhibiendo un auto de su propiedad que valdría algo más de 100.000 dólares.

Insaurralde, quien a principios de 2012 había declarado cero pesos en bienes, acumulaba a fines de 2023 un patrimonio millonario que no guardaría proporción con sus ingresos, incluyendo una casa en Banfield y acciones en la empresa Sasaxa Libero, en la que ubicó a familiares directos y que podría haber sido solo una fachada para otras maniobras. Fue dicha firma la que firmó el comodato por el uso del inmueble en Fincas de San Vicente, permitiéndoles a Cirio e Insaurralde su uso y ocultando su titularidad real, no así muchos pagos relacionados que salieron de sus cuentas y que hoy se verifican.

La lupa sobre el lujoso departamento de Puerto Madero que Insaurralde habitó con Cirio habla de negocios y vínculos con el contador Andrés Galera, condenado como testaferro de José López y quien controlaba la empresa Revilier SA, titular de la referida propiedad, entre otros numerosos indicios de supuesto tráfico de corrupción ligados a la obra pública que señalan los fiscales.

Entre 2003 y 2009, Insaurralde fue concejal, para después quedar al frente de la intendencia de Lomas de Zamora y, desde 2013, ser diputado nacional hasta 2014, cuando retomó la intendencia hasta 2021, concediéndose cómoda licencia para ejercer la Jefatura de Gabinete de la gobernación bonaerense. El escándalo de 2023 pondría fin a su carrera política, pero Insaurralde conservaría apoyos dentro del peronismo. Su turbia cercanía con el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, como su influencia en la obra pública, era por muchos conocida. A los numerosos y costosos viajes internacionales por miles de dólares, se sumaron también las compras en efectivo de vehículos cuya titularidad tampoco acreditaba como propia y que, en algunos casos, eran puestos a nombre de Jesica Cirio.

La UIF amplió la acusación y sostuvo que, desde 2006, Insaurralde habría manejado plata negra a través de terceros por montos superiores a 1.100.000 de dólares, una cifra menor habida cuenta de las maniobras que podrían comprobarse. Además de su indagatoria y la de Cirio y Clerici, el organismo apunta también a un hijo de Insaurralde, Rodrigo, a su sobrino Gastón Barrachina, a su excuñado Víctor Donadio y a los responsables jurídicos de las empresas DOIO y Sasaxa, como presuntos testaferros del exfuncionario.

La evolución patrimonial de Insaurralde, Clerici y Cirio no encontraría correlato en sus ingresos declarados. Los plazos para que justifiquen sus patrimonios están corriendo y fijarán las convocatorias a indagatorias. La Justicia deberá imprimirles el ritmo necesario a las investigaciones para probar los delitos de los que se los acusa sin demoras ni cuestionables parcialidades. Quienes han vivido lujosa y ostentosamente durante tantos años a la vista de todos hoy están bajo el ojo escrutador de una sociedad con más de un 50% de pobres. Los oscuros meandros de la corrupción política deben salir a la luz para que los responsables reciban la pena que les corresponda.