Martín Vizcarra: disponen el embargo de siete propiedades pertenecientes al expresidente

Martín Vizcarra: disponen el embargo de siete propiedades pertenecientes al expresidente

Martín Vizcarra: disponen el embargo de siete propiedades pertenecientes al expresidente

Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original)

El Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de Lima, a cargo de la jueza Flor de María Acero Ramos, dispuso la medida preventiva a fin de evitar que sean vendidas.

La jueza Flor de María Acero Ramos, del Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de Lima, ordenó el embargo preventivo de siete propiedades en Lima y Moquegua pertenecientes al expresidente Martín Vizcarra Cornejo y su esposa, Maribel Díaz Cabello. Ello, a fin de garantizar el pago de una futura reparación civil a favor del Estado, según reportes recientes.

La medida fue solicitada por la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima, que investiga a Vizcarra por presuntos actos ilícitos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014, en los casos Proyecto Lomas de Ilo y Proyecto Hospital de Moquegua. El Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, bajo la supervisión del juez supremo Manuel Luján Tupez, también avaló esta disposición.

¿Cuáles son las propiedades de Martín Vizcarra?

El embargo se efectuará a dos departamentos, dos estacionamientos y un depósito en San Isidro, y dos propiedades en Moquegua, incluyendo un lote en una asociación de viviendas con diez subviviendas y otro predio en el centro de la misma ciudad. La titularidad y uso de estos bienes quedan restringidos, evitando cualquier venta, traspaso o donación por parte del exmandatario o de terceros vinculados.

La decisión judicial se enmarca en el Código Procesal Penal, que contempla la inhibición de bienes como una de las diez medidas de coerción procesal. Estas medidas buscan preservar el resultado del proceso de extinción de dominio, asegurando así una finalidad legítima desde el punto de vista constitucional, a fin de que se mantengan disponibles para cubrir posibles responsabilidades civiles derivadas de las investigaciones en curso.

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