Panamá amenaza a Colombia con imponer aranceles

«Cuando tú comienzas (…) a elevar aranceles también te estás exponiendo a que exista una medida de retorsión.�Nosotros no queremos hacer eso», dijo Cortizo a periodistas en el marco del acto de sanción de la ley que crea el Ministerio de Cultura de Panamá.

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«Las relaciones que tiene Colombia con Panamá no son las relaciones que nosotros esperamos de un vecino (…). Ese es un tema que nosotros tenemos que resolver rápidamente», añadió el presidente panameño.

Cortizo, que asumió el poder el pasado 1 de julio para el período 2019-2024, se refirió así a un nuevo decreto colombiano aprobado el pasado 6 de agosto que incluye aranceles a las reexportaciones de textiles de la ZLC, la mayor del continente y situada en el Caribe de Panamá.

«Nosotros no queremos sorpresas de ningún país, especialmente de Colombia»,�declaró el jefe de Estado, y expresó su rechazo a una explicación sobre los nuevos aranceles dada por el Gobierno colombiano durante una reunión de alto nivel bilateral celebrada el miércoles en Bogotá.

Allí, de acuerdo con la información oficial panameña, el Gobierno del presidente Iván Duque explicó que el decreto con los nuevos aranceles «surge de una iniciativa del Congreso Colombiano, y no del Órgano Ejecutivo», y que el mismo «ha sido sujeto de cinco demandas de inconstitucionalidad» en Colombia.

«No podemos estar con este tema de que ‘no es el Ejecutivo, es el Legislativo’. Tenemos que sentarnos a hacer, y eso se ha acordado, mesas de trabajo bilateral» para resolver el asunto, resaltó el gobernante panameño.

Cortizo aseguró que trató con Duque el conflicto arancelario durante la reunión que sostuvieron el 1 de julio en Panamá,�en el marco de los actos oficiales por su asunción del poder, y le expresó su disposición de reunirse «en el lugar que él quiera, el día y la hora que él quiera» para resolverlo.

El los empresarios de la ZLC dijeron en una misiva pública que «ya es hora que Panamá actúe con fuerza para defender los intereses del país»,�e instaron al Gobierno de Cortizo «a ejecutar medidas de retorsión contundentes» a Colombia.

En 2012 Colombia empezó a aplicar aranceles del 10 % a los calzados y textiles procedentes de la ZLC�con el pretexto de combatir el comercio ilícito, lo que generó el reclamo de Panamá.

La disputa ha vivido varias etapas, incluido un fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a favor de Panamá que obligó a Colombia a suspender ese arancel en 2016.

Colombia eliminó esa tasa pero aprobó varias medidas�que endurecen los controles aduaneros y que, según las autoridades panameñas, dificultan de igual manera el comercio con la zona franca, donde operan 3.000 empresas dedicadas a la reexportación y trabajan cerca de 18.000 personas.